Recientemente se ha dado a conocer un estudio sobre percepciones de democracia en los diferentes países latinoamericanos. Tal y como lo puntualiza Gerardo Lissardy para la BBC -citando un informe de Joan Hoey- por quinto año consecutivo ha caído la favorabilidad acerca del funcionamiento democrático en la región.

Con esto se tiene que la credibilidad cuestionada de los sistemas políticos viene erosionándose aún antes de la pandemia. Como era de esperarse, estas percepciones han empeorado en las actuales condiciones, en las cuales todavía no hemos superado plenamente la embestida del covid-19.

Con la afectación del virus, la percepción de inoperatividad de los sistemas democrático-representativos se han profundizado en la región en algunos casos en niveles drásticos. Esta dinámica abre mayores y peligrosas posibilidades para los regímenes abiertamente autoritarios, ya se trate de los casos de Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela, Jair Bolsonaro en Brasil o incluso Guillermo Lasso en Ecuador, para sólo citar algunos de los ejemplos significativos.

Tal es la situación en América Latina, que sólo tres naciones tendrían lo que se estima serían “democracias plenas”: Uruguay, Chile y Costa Rica -con calificaciones (donde el máximo es 10) de 8.61, 8.28 y 8.16, respectivamente.  No es de extrañar. Los referidos países, junto a la posible inclusión de Trinidad y Tobago -depende de los criterios e indicadores a utilizar- conforman el grupo de las sociedades más funcionales en la región.

Uruguay, como ilustración, es el caso para mostrar en Latinoamérica, con indicadores que en ciertos casos son superiores a países considerados más desarrollados. Tal el caso de los índices de pobreza total, pobreza extrema y criminalidad por cada 100,000 habitantes.

Siguiendo estas cifras, los uruguayos tienen mejores condiciones de vida al compararlos, por ejemplo, con los Estados Unidos.  En particular esta última nación con los daños más recientes: (i) más de un millón de víctimas fatales con motivo de la afección del covid-19 y (ii) luego del detrimento a las instituciones democráticas incidido por Donald Trump.

El escalafón de percepción de la democracia está encabezado por el país número uno en desarrollo humano en el mundo: Noruega.  Allí se alcanza un total de 9.81 de calificación. Este país tiene los beneficios de los altos ingresos por exportaciones petroleras, pero evita caer víctima de la denominada “enfermedad holandesa” debido a la estricta política de “captación de capitales”.  Algo que se lleva a cabo en coordinación por el Ejecutivo y el Banco Central noruegos.

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Varias de las razones de empeoramiento en la credibilidad de la democracia se relacionan con las medidas de confinamiento y de cierre general de las economías, especialmente aplicadas a partir de marzo de 2020. En ese entonces no se tenía un conocimiento específico del virus y, sobre todo, carecíamos de vacunas. 

La incertidumbre empujó a tomar medidas severas. Eran tiempos en que se sacrificaba la economía en función de la protección a la salud.  Todavía se tiene en la memoria la muerte en la calle de algunas víctimas. Dolorosos son los recuerdos al respecto, por ejemplo, en Guayaquil al finalizar el primer semestre de 2020.

Con esa dinámica, las empresas y las personas más solventes pudieron enfrentar con sus reservas, la crisis de liquidez que se impuso. Pero ese no fue el caso de los sectores más vulnerables, los de personas que tienen que ganar el sustento día a día.  Para ellos salir a trabajar, en particular en los circuitos del comercio es algo vital. Las medidas se los impidieron.  Cundió la desesperación y se tuvo protestas que en varios casos se tornaron en enfrentamientos violentos con fuerzas policiales, tal el caso de varias ciudades colombianas.

En la situación de las empresas micro, pequeñas y medianas que dominan en al menos un 95% de la estructura de organizaciones productivas en Latinoamérica, la situación también fue delicada. Como se sabe, las empresas más grandes dependen de la solvencia, es decir de los activos fijos. Con esa dotación resuelven en el sistema bancario tradicional, los posibles problemas de liquidez que puedan tener. 

Para las empresas más pequeñas, la sobrevivencia en los negocios depende de la rotación que puedan hacer de los inventarios. Es esa dinámica lo que aseguraría ingresos suficientes para la perdurabilidad de los negocios. La rentabilidad de las transacciones puede ser baja, pero a mayores intercambios, los ingresos aumentan.

La paralización económica contribuyó a que amplios conglomerados sociales vieran como poco funcional los procesos democráticos.  Esto abre posibilidades de mantenimiento a regímenes autoritarios.  Se inscribe esta lógica, en la trilogía de factores que anuncia Moisés Naím, cuando sostiene que “el populismo, la post-verdad y la polarización”, son las 3 P´s, que dan base a gobiernos que centralizan decisiones y excluyen de mecanismos participativos a grandes grupos sociales.

Tal y como se esperaba, se tiene la evidencia de que los países más disfuncionales en Latinoamérica siguen siendo Haití, Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Allí las agendas del desarrollo siempre se posponen, es mañana donde se espera que se materialice la esperanza, un mañana que se hace nunca; se trata de prospectos que siempre esperan ser establecidos.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario

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