"El Colectivo de Abogados, el mismo de las falsas víctimas de Mapiripán, el mismo de infamias contra mi durante 30 años, el mismo que se arropa en los Derechos Humanos para proteger la violencia de terroristas supuestamente de izquierda. Ese mismo ahora me denuncia en Argentina", fue lo que respondió el expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de ser denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, bajo su gobierno.

Asimismo, el director del partido Centro Democrático fue claro en su posición para esclarecer estos hechos y su disposición con la justicia del vecino país.

"Y también expreso a la justicia de Argentina que estoy listo a enfrentar esta nueva temeridad de abogados al servicio de causas políticas", agregó.

Tras reunirse con familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos querellantes, el juez federal de Buenos Aires Sebastián Ramos solicitó tiempo para analizar la denuncia y decidir si abre una investigación penal, dijo la abogada colombiana Daniela Rodríguez Sanabria a la AFP.

Argentina reconoce el principio de "jurisdicción universal", que establece la competencia judicial de los Estados en casos de lesa humanidad sin importar el escenario de los crímenes ni la nacionalidad de los acusados.

El propio juez Ramos abrió en julio una investigación por una denuncia de delitos de lesa humanidad contra jefes de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela por las muertes que dejó la represión de las manifestaciones opositoras de 2014.

Los querellantes contra Uribe incluyen a familiares de cuatro de un total de 6.112 muertos que las fuerzas militares registraron hasta 2008 bajo la presidencia de Uribe (2002-2010) como "bajas en combate".

La denuncia fue acompañada por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad, las tres organizaciones de Colombia.

El caso fue presentado en Argentina "porque en el país aplica la jurisdicción universal pero también porque compartimos un pasado de atrocidades y creímos que podría haber mayor sensibilidad frente a esta búsqueda de justicia", dijo Rodríguez Sanabria.

"Estamos esperanzados en una investigación seria, ágil e imparcial, de la que no tuvimos en Colombia", añadió la abogada, y aseguró que las pruebas presentadas "demuestran el conocimiento de los hechos del expresidente Uribe".

Los hechos ya están registrados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo creado por los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla FARC, pero sin competencia para juzgar presidentes y expresidentes.

"Creemos que la justicia argentina va a responder. Tenemos expectativas. En Colombia, no hay paz por la corrupción de jueces que han sido amigos de Uribe", dijo a la AFP Bertina Badillo Herazo, familiar de una de las víctimas incluidas en la denuncia.

Los "falsos positivos" son el peor escándalo que han enfrentado las fuerzas militares de Colombia en más de medio siglo de conflicto armado.

Las víctimas eran llevadas bajo engaño y falsas promesas de trabajo a otras zonas del país donde eran asesinadas y vestidas con ropas de la guerrilla para presentarlas como bajas en combate y conseguir a cambio promociones y días de descanso.

En las confesiones a la JEP, algunos militares manifestaron que eran presionados por sus superiores e incluso han señalado al general Mario Montoya, jefe del ejército entre 2006 y 2008 y muy cercano a Uribe.