El secretario general de la OEA, Luis Almagro, inició el proceso para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua enviando una solicitud para convocar al consejo permanente para evaluar la situación, lo que puede desembocar en la suspensión del país del organismo.
Esta semana en una reunión del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos para analizar la crisis en Nicaragua, Almagro anunció se que veía obligado a "empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana", pues consideraba que "la lógica de la dictadura está definitivamente instalada" en el país.
"Recibimos la nota de parte del señor Secretario General, y como corresponde, ha sido circulada entre los representantes de los Estados Miembros", dijo este sábado en un comunicado la embajadora de Costa Rica, Montserrat Solano, a quien como presidente del Consejo Permanente le corresponde convocar la reunión.
La Carta Democrática de la OEA se aplica cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático y puede desembocar en la suspensión de un miembro.
La ola de protestas iniciada el 18 de abril contra una reforma del seguro social derivó en un movimiento para reclamar la renuncia del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. La represión a las protestas ha dejado 325 muertos y 400 detenidos, según la CIDH.
El periodo de fin de año complica las gestiones, ya que para analizar la aplicación de la Carta Democrática deben estar presentes los embajadores titulares y muchos de ellos no están en Washington
La representante de Costa Rica explicó que "se mantiene en consultas y gestiones para iniciar los pasos" para la activación de la Carta Democrática a pesar del período festivo.
El Carta Interamericana estipula que si la Asamblea General, convocada para un período extraordinario de sesiones, constata que se ha producido la ruptura del orden democrático en uno de sus miembros y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, puede decidir su suspensión de la OEA.
Para ello es necesario el voto afirmativo de los dos tercios de los integrantes.
El caso más reciente de suspensión de un país fue Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.
En el caso de Venezuela, la amenaza de suspensión ha recorrido un largo camino, sin haber conseguido los votos para concretarla. En medio de la pugna, Caracas lanzó el proceso para retirarse del organismo que debería concluir en abril de 2019.