“LO que partió con la evasión del metro terminó con el inicio de un proceso constituyente, histórico e inédito que contará por primera vez con participación ciudadana”. Esa frase de la periodista chilena Lucía López sintetiza el convulso mes que vivió su país y la decisión del gobierno de Sebastián Piñera no solo de poner punto final a las violentas protestas, sino de propiciar un cambio real al frente a las crecientes desigualdades gestadas desde los años 80.

Tan sorpresivo e impensable como el estallido social que se inició hace un mes con la destrucción de varias estaciones del metro de Santiago ante el alza de $30 en el pasaje, fue el histórico acuerdo entre los partidos políticos representados en el Congreso (con excepción del comunista) y el gobierno Piñera para convocar en abril un plebiscito que lleve a reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet.

"Fue un enorme acuerdo que le permitió a las diferentes fuerzas políticas conversar, dialogar, hacer presente sobre el odio (y) la prepotencia, el diálogo (y) la democracia", dijo la vocera gubernamental  Karla Rubilar, al tiempo que agregó que es un compromiso para trabajar, todos, por un nuevo país.

Pero así como la iniciativa generó euforia en los estamentos políticos y económicos, también despertó recelo entre los jóvenes, que reclaman la participación ciudadana en la construcción y redacción de la nueva Carta Magna. Sin embargo, de la forma como se socialice el plebiscito y se expliquen claramente sus razones, el compás de espera puede ser favorable a este inaplazable proyecto.

El escepticismo también radica en que en casi 30 años de democracia no prosperó ninguna iniciativa para cambiar de raíz la Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Sin embargo, con el acuerdo para convocar al plebiscito de abril del próximo año evidencia que Chile está decidido a pasar ‘enterrar’ la herencia de la dictadura.

Pero, ¿Por qué la Constitución redactada en plena dictadura, en 1980, sigue vigente?

La Constitución chilena fue aprobada el 11 de septiembre de 1980 en un polémico plebiscito durante el régimen militar. Su ideólogo fue el profesor de derecho y senador de extrema derecha Jaime Guzmán, asesinado en 1991 por un comando de extrema izquierda.

El texto fundamental se redactó a la medida de los sectores más conservadores de la sociedad para que permanecieran en el poder, incluso después del fin de la dictadura. El texto incluía quórum muy altos para cualquier cambio sustancial de la Carta Magna.

La Constitución tenía que redactarse de tal forma que "si llegan a gobernar nuestros adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría", explicó en su momento Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de la derecha conservadora.

Una ley constitucional también estableció un sistema electoral binominal de diputados y senadores que favoreció particularmente a los partidos de derecha.

A pesar de la transición política, Augusto Pinochet (1915-2006) no abandonó la política realmente hasta diez años después del final del régimen militar. Siguió siendo comandante en jefe del ejército hasta 1998 y senador hasta 2001.

Durante la transición, los partidos políticos democráticos "tuvieron que negociar la aceptación de la Constitución de 1980, la Constitución de la dictadura. Y eso condicionó luego todo el proceso político. Entonces claro, pudo haber habido razones de prudencia política, evitando que se entrampara la transición", subraya Domingo Lovera, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales.

Sin embargo, desde la década de los 90, la Constitución chilena fue enmendada una decena de veces. Tras la reforma de 2005, que fulminó los principios más antidemocráticos, se puede despedir a jefes militares sin consulta previa al Consejo Nacional de Seguridad, un organismo que tuvo gran peso durante la dictadura, y no hay senadores vitalicios.

Esta reforma fundamental se produjo bajo el mandato del presidente de centroizquierda Ricardo Lagos (2000-2006), luego de alcanzar un importante acuerdo político.

La presidenta socialista Michelle Bachelet, en su segundo mandato (2014-2018), sometió a votación un cambio del sistema electoral que reemplazó la elección binominal por un sistema proporcional moderado que garantiza una representación más amplia de las fuerzas políticas.

Por otro lado, la Constitución chilena no establece que deban ser privadas la salud, la educación ni el sistema de pensiones, que son los tres pilares de las reivindicaciones de los manifestantes en las calles.

"Pero establece principios que limitan la acción del Estado y promueve la actividad privada", explica el profesor de derecho constitucional, Sebastián Zárate, de la Universidad de los Andes. 

¿Cuál es la posición del presidente Piñera?

Unos días después de asumir su segundo mandato en 2018, el gobierno de Sebastián Piñera anunció que no permitiría que se revisara un nuevo proyecto de ley sometido en el Congreso por Bachelet para una nueva reforma de la Constitución.

Este proyecto incluía la inviolabilidad de los derechos humanos, establecer el derecho a la salud y a la educación, así como la igualdad salarial para hombres y mujeres.

Ante el convulso mes vivido en Chile y tras una “mea culpa” por las desigualdades crecientes en el país, el presidente Piñera decidió abrirse al eventual cambio constitucional que podría afectar los intereses económicos de su electorado, particularmente en sectores, en gran parte privatizados, como la salud y la educación.

Hasta ahora, el presidente había descartado la idea de una Asamblea Constituyente, como lo exigen la oposición, varias organizaciones sociales y los manifestantes, y había planteado un Congreso Constituyente.

Sin embargo, con el histórico acuerdo por la paz rubricado en la madrugada del viernes por el gobierno Piñera y el Congreso, se pedirá a los chilenos convocar a las urnas para que definan dos preguntas puntuales: quiere o no una nueva Constitución, y qué tipo de órgano debería redactar esa nueva Constitución: una "comisión mixta constitucional", una "convención constitucional" o una Asamblea constituyente. Esta última se debatió en la campaña electoral de 2013, cuando una movimiento de la sociedad civil bautizado "Marca tu voto" invitó a los electores a escribir la mención "AC" (por Asamblea Constituyente) en su boleta electoral.

Ahora en Chile comienza a ceder la tensión social y crece la expectativa por el anunciado plebiscito. De la voluntad política para impulsar la participación ciudadana y el compromiso real con los cambios dependerá que, en pocos meses, se pueda estrenar una Carta Magna adecuada a las necesidades del país