La oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer el informe anual sobre distintas prácticas de derechos humanos en el año 2021, donde analiza el comportamiento de esta materia en el mundo y en el que hace referencia a Colombia.

Aunque inicialmente destacó varias actuaciones donde el Estado Colombiano ha priorizado sus esfuerzos en la protección de los derechos humanos, la participación política de distintos sectores, la integridad de líderes sociales y defensores, lucha contra la corrupción, entre otros, también hizo énfasis en los informes presentados por organismos sociales que detallaron homicidios, tortura, abuso ilegal de personas, reclutamiento forzado, desplazamiento, etc.

Violencia en Colombia

Inicialmente, la oficina estadounidense no solamente cuestionó las distintas actuaciones irregulares cometidas por la Fuerza Pública; también destacó la vulneración de los derechos de la población por parte de los grupos armados que recurrían al reclutamiento y otras dinámicas de guerra.

“Los grupos armados, así como los narcotraficantes, fueron perpetradores significativos de abusos contra los derechos humanos y crímenes violentos y cometieron actos de ejecución extrajudicial e ilegal, extorsión y otros abusos (…) el gobierno investigó estas acciones y persiguió a los responsables en la medida de lo posible”, se lee en el informe.

Citando al Centro de Investigación y Educación de la Población (Cinep), la Casa Blanca calificó de preocupante que entre el 1 de enero al 26 de agosto del año anterior, hubo 28 casos de “muertes intencionales de civiles cometidas por agentes estatales”, y mencionó que “los agentes de policía mataron a varios civiles durante las protestas en todo el país que comenzaron el 28 de abril”.

No obstante, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que “algunas de las protestas fueron violentas e incluyeron ataques a policías, comisarías, saqueos e incendios de edificios gubernamentales y transporte público. Los manifestantes también erigieron miles de barricadas, impidiendo la entrega de alimentos, suministros y servicios de emergencia”.

De otro lado, destacó que en el gobierno de Iván Duque se firmaran tres decretos para modernizar el sistema de justicia militar para juzgar aquellos uniformados que ‘ensucian’ el nombre de las instituciones con sus comportamientos. “Los decretos transfieren el sistema judicial del Ministerio de Defensa a una jurisdicción separada con investigadores, fiscales y magistrados independientes. Este fue un paso hacia la transición del sistema de justicia militar del antiguo sistema de justicia inquisitivo a un nuevo sistema de justicia acusatorio”, añadió.

De igual manera, el informe presentado por el Gobierno estadounidense cuestionó la situación que se vive en los centros penitenciarios de Colombia, por lo que instó a las autoridades para que se perfeccione este aspecto.

“Las prisiones y los centros de detención eran duros y amenazaban la vida debido al hacinamiento, las condiciones sanitarias inadecuadas, la atención médica deficiente y la falta de otros servicios básicos. La mala formación de los funcionarios siguió siendo un problema en todo el sistema penitenciario”, informó.

Por otra parte, resaltó los abusos relacionados con conflictos, entre ellos las actuaciones criminales de grupos armados como las disidencias de las Farc o el Eln. “Estos grupos continuaron cometiendo crímenes y actos de terror en todo el país, incluidos bombardeos, violencia contra la población civil y ataques violentos contra instalaciones militares y policiales”.

Incluso, el informe retrató las últimas cifras de desplazamiento forzado en el país, reportando que hasta junio del 2021, “el Gobierno colombiano registró 483.260 desplazados internos que se identificaron como indígenas y 1.127.913 que se identificaron como afrocolombianos”.

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Migración y participación política

Frente a la política migratoria, la Casa Blanca celebró la concesión de un Estatus de Protección Temporal (EPT) de 10 años que brinda una vía inmediata a la residencia legal para más de un millón de venezolanos en el país.

“El EPT permite a las autoridades identificar venezolanos irregulares en un registro biométrico; otorgar a los venezolanos acceso formal al trabajo, la salud y la educación; y facilitar la participación en el plan nacional de vacunación contra la covid-19. Hasta octubre, el gobierno había preinscrito a casi 1,4 millones de venezolanos en el mecanismo”, enfatizó el Departamento de Estado.

Finalmente, en materia de participación política, la Oficina estadounidense indicó que las pasadas elecciones del 2018 fueron “elecciones libres y justas y las más pacíficas en décadas”, así como los comicios locales y regionales de 2019, aunque informó sobre “algunos indicios de fraude electoral, incluida la compra de votos”.