El consejo permanente deberá analizar la posibilidad de que Gustavo Tarre represente a Venezuela ante ese organismo. 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) considerará el martes si acepta como representante de Venezuela al enviado de Juan Guaidó, el jefe parlamentario que desafía desde enero la autoridad del presidente Nicolás Maduro.

La OEA informó el lunes que su consejo permanente se reunirá en sesión extraordinaria en su sede en Washington el martes a las 12H00 (16H00 GMT) para debatir si aprueba el nombramiento de Gustavo Tarre como representante ante ese cuerpo.

El consejo permanente, cuya presidencia asumió este mes Estados Unidos hasta junio, llamó a la reunión a solicitud de Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y Perú.

Estos países están entre los más de 50 que impulsan la salida de Maduro, cuya reelección consideran resultado de un proceso fraudulento, y reconocen a Guaidó, quien en su condición de líder parlamentario invocó la Constitución el 23 de enero para declararse presidente interino con miras encabezar un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones.

La resolución que será puesta a consideración el martes plantea la aprobación del nombramiento de Tarre por entender que el gobierno de Maduro, quien el 10 de enero asumió un segundo mandato hasta 2025, "carece de legitimidad" y por lo tanto sus funcionarios tampoco la tienen.

El texto señala que la última Asamblea General de la OEA, máximo órgano de la organización, declaró en junio pasado ilegítimos los comicios en los que se reeligió a Maduro, y recuerda que el consejo permanente desconoció el 10 de enero a Maduro y destacó la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional (Parlamento), elegida democráticamente en 2015.

El texto será seguramente sometido a votación en tanto no se espera un consenso, dijeron fuentes diplomáticas a la AFP.

Para ser aprobada, la resolución necesita una mayoría simple, esto es, el apoyo de 18 de los 35 miembros del organismo regional.

Tarre fue nombrado el 22 de enero por la Asamblea Nacional venezolana como "representante especial" ante la OEA, contrariando la decisión de Maduro de retirar a Venezuela del organismo en abril próximo.

El mandatario venezolano inició en 2017 las gestiones para abandonar la OEA, porque, según él, el bloque regional forma parte de una campaña dirigida por Washington para "intervenir" en Venezuela. El retiro formal debería concretarse en abril de este año.

El nombramiento de Tarre por la Asamblea Nacional fue considerado nulo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, de línea oficialista) de Venezuela, como todas las decisiones que toma el Legislativo de ese país desde 2016.

OEA, dividida

La OEA ha estado dividida con relación a Venezuela desde que en marzo de 2017 el TSJ transfirió las funciones de la Asamblea Nacional a Maduro, originando una ola de protestas.

En abril de 2017, el consejo permanente de la OEA resolvió "urgir al gobierno de Venezuela (...) a restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional". Pero la Asamblea General de la OEA, realizada en junio en Cancún, no consiguió los votos para pasar una resolución al respecto. 

Sí lo logró un año después, cuando, reunida en Washington, declaró ilegítima la reelección de Maduro y llamó a aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana, decisión aprobada con 19 votos a favor. 

También con 19 votos fue aprobada el 10 de enero la resolución del consejo permanente que desconoció la legitimidad del "periodo del régimen" de Maduro iniciado ese día. Pero solo 16 países expresaron el 24 de enero en una declaración en la OEA su reconocimiento a Guaidó.

La última resolución del consejo permanente de la OEA sobre Venezuela fue aprobada el 27 de marzo para reiterar el llamado del organismo a que se permita el ingreso de ayuda humanitaria al país, sumido en una aguda crisis económica.

Votaron a favor 19 miembros (Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucia).

Cinco países se opusieron (Antigua y Barbuda, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela), ocho se abstuvieron (Barbados, Belice, Bolivia, El Salvador, México, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Trinidad y Tobago) y dos estuvieron ausentes (Dominica y Granada).