Un tribunal madrileño absolvió este miércoles al opositor Partido Popular (PP, derecha conservadora), procesado por el borrado de unos discos duros sospechosos de haber contenido información sensible sobre su financiación ilegal.

La justicia abrió juicio oral en junio a la formación conservadora por un presunto delito de daños informáticos, así como a tres exrresponsables del partido por este mismo cargo y también por el de encubrimiento.

El elemento central del caso eran los discos duros utilizados por Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP entre 1988 y 2009, y depositario de abundante información sobre la contabilidad ilegal de la formación política.

Bárcenas era en ese momento el protagonista de las investigaciones judiciales sobre la contabilidad paralela del PP durante dos décadas, y que en mayo de 2018 quedó acreditada por una sentencia judicial.

Según el auto de conclusión de la instrucción, en 2013, en plena investigación sobre la llamada 'trama Gürtel', el partido se hizo con esos discos duros, que fueron borrados, sobreescritos hasta en 35 ocasiones y rayados.

Sin embargo, en su sentencia, difundida este miércoles, el tribunal madrileño desechó los cargos alegando falta de pruebas, y absolvió tanto al PP como a los tres exrresponsables procesados: la extesorera Carmen Navarro, el exrresponsable jurídico Alberto Durán, y el exrresponsable informático José Manuel Moreno.

Según argumentó la corte, no quedó acreditado en el juicio oral que el objetivo fuera ocultar información comprometedora, ni "que en los discos duros destruidos hubiera almacenado algún dato o archivo en el momento en el que José Manuel Moreno procedió al borrado seguro".

El tribunal siguió así a la fiscalía, que había pedido la absolución en esta causa promovida por una asociación de abogados y el partido Izquierda Unida.

Los abogados de la defensa habían argumentado a su vez que el propósito del borrado era cumplir con las leyes españolas de protección de datos.

La sentencia de la Gürtel -sobornos a cargos públicos del PP para que concedieran contratos a empresas "amigas"- se tradujo en mayo de 2018 en una pena de 33 años de prisión para Bárcenas y una multa de más de 245.000 euros al PP como "partícipe a título lucrativo" de la trama corrupta.

Además, tuvo un fuerte impacto político, ya que precipitó días después la exitosa moción de censura del PSOE de Pedro Sánchez contra el líder 'popular' Mariano Rajoy.