Este jueves, en una sombría ceremonia ante el Tribunal Supremo de Justicia, se posesiona Maduro para el periodo 2019-25, después de un tormentoso primer gobierno. ¿Qué se viene?

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Ya hablaba, desde ese día, como Presidente. El 5 de marzo de 2013, Nicolás Maduro anunciaba el deceso de un líder que, entre demagogia y popularidad, había construido un movimiento político tan propio de la región, el chavismo. “A las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías”, les comunicó, entre lágrimas, a los venezolanos.

Para muchos, aquel momento marcó un antes y un después en Venezuela. Empujado por los hermanos Castro desde Cuba, unos meses después Maduro se catapultaba como la figura idónea para seguir con el proyecto socialista de Chávez, inconcluso y en construcción.

 

La reelección

Pocos le apostaban a que Maduro fuera reelecto y, como todo apunta, se posesione este jueves para gobernar hasta 2025. En el transcurso de su primer mandato se especuló desde que Cabello tomaría al poder hasta que el régimen se caería ante las enormes movilizaciones en su contra en 2014 y 2017. No fue así.

El chavismo, como si los cubanos hubieran escrito un manual de resistencia previsto para el Siglo XXI, se ha movido estratégicamente para afianzar un modelo que está lejos de lo que Chávez siempre defendió como fuente originaria de legitimidad: las elecciones ganadas.

Esa ilegitimidad fue contradictoria desde un principio, cuando Maduro le ganó por una escasa diferencia (230.000 votos) a Henrique Capriles, quien denunció fraude, y se convirtió oficialmente en el presidente de Venezuela, en abril de 2013.

Maduro, desde entonces, supo que la democracia es simplemente un principio que se acomoda a las circunstancias. Si es favorable -como ocurrió numerosas veces durante Chávez-  es una expresión plena y legítima de la participación directa del pueblo; si es en contra, basta con modificar las reglas para continuar con el monopolio de las instituciones.

En 2015, cumpliendo casi dos años en Miraflores, Maduro dejó claro que poco le importaba la democracia. Reemplazar a Chávez era un reto, sobre todo, a nivel político (por su capacidad electoral), entonces, había que reinventar el modelo y volverlo autoritario. Al final de ese año, la oposición obtuvo casi el 60% de los votos en las elecciones legislativas, logrando controlar la Asamblea Nacional (Poder Legislativo).

La respuesta del gobierno fue cooptar las instituciones judiciales para impedir que la oposición hiciera su trabajo en el Parlamento. Poco le importaron las palabras del para entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, quien con Maduro en la silla derecha durante la posesión de los diputados, le dijo “el modelo es erróneo” y este es “un Poder constitucional autónomo que va (…) a controlar”.

Ante el endurecimiento del régimen y los oídos sordos del chavismo, la oposición intentó, por todas las vías, que el Consejo Nacional Electoral aprobara la solicitud de revocatoria contra el Presiente. Luego de meses, el CNE dijo que algunas de las firmas recolectadas para activar el proceso eran falsas y desestimó la solicitud.

Entre el hermetismo político y la debacle de los precios del petróleo (que representa el 95% de las divisas de Venezuela), algunos ciudadanos venezolanos no vieron otra vía diferente que volver a protestar en las calles, buscando una “transición democrática” y pacífica. En marzo de 2017, el asilado en la Embajada de Chile en Caracas y hoy expresidente de la Asamblea Nacional, Fredy Guevara, convocó movilizaciones para el 19 de abril, que desembocaron en una oleada de marchas contra el régimen, dejando más de 120 muertos.

La oposición, en el momento de mayor respaldo popular, se ingenió una consulta popular (no avalada por el gobierno) para preguntar si o no Nicolás Maduro debía permanecer en el poder. Más de 7 millones de personas votaron, exigiendo un cambio en el manejo del país.

Como respuesta el chavismo, siguiendo lo que el diputado Julio Borges ha llamado “la cubanización” de Venezuela, acordó un plebiscito para aprobar una Asamblea Nacional Constituyente, cobijada por “suprapoderes” que le han permitido promover iniciativas a nivel político, económico y social. La Asamblea originaria, en tanto, sigue legislando paralelamente con el cuerpo legislativo creado por el chavismo.

 

10 de enero

“Mañana (jueves) Nicolás Maduro cruza una línea roja” dijo, María Corina Machado, acompañada de una serie de movimientos opositores. En una ceremonia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solemnidad que por lo que dicta la Constitución de Venezuela, debe hacerse ante la Asamblea Nacional, el sucesor de Chávez asumirá su segundo mandato en un escenario radicalmente distinto al de  2013, cuando reemplazó al gestor de la denominada “revolución bolivariana”.

La crisis no puede ser peor: hiperinflación, diáspora, desabastecimiento, inseguridad y desnutrición. Las respuestas, sin embargo, cada vez parecen más escasas, ante el fracaso de las negociaciones bilaterales y el mediano efecto de las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Parte importante de las cosas es el rol que hoy, tras 20 años de chavismo, juegan las Fuerzas Armadas, la Asamblea Nacional y el oficialismo. De sus movimientos -a favor o en contra de la cúpula gobernante- depende indiscutiblemente el desarrollo del segundo mandato de Maduro.

Fieles, por ahora, al legado de Chávez, la mayoría de militares ha seguido al pie del Presidente y sus ministros. Por ahora, no han puesto en duda la “legitimidad de origen” del gobierno entrante, que, como explica el analista Michael Penfold en Prodavinci, “ha sido tradicionalmente la columna vertebral de esa organización pues marca la línea de mando de quien como Primer Mandatario es el comandante en jefe de la institución”.

Esa legitimidad, precisamente, fue la que le dio a Chávez la calidad de jefe supremo absoluto al ganar en reiteradas veces las elecciones. No es así en el caso de Maduro, quien, sin embargo, sigue gozando del compadrazgo militar, gracias a una estructura de dadivas que van desde el manejo del reparto de alimentos hasta la connivencia con algunos sectores castrenses en el narcotráfico.

Lo mismo pasa con el chavismo, entendido como un movimiento político supranacional que reúne diferentes tendencias. Ante la clara ilegitimidad del gobierno de turno, tanto judicial y política, como humana, es probable que dentro de las mismas filas chavistas surjan algunos líderes que pretendan capitalizar la capacidad política del movimiento y pidan un cambio para reorganizar el modelo.

Existen grupos que se autodenominan “chavismo crítico”, Marea y otros que, tras la exacerbación de la crisis, se han convertido en los principales críticos de Maduro.

Finalmente, es importante saber qué pasará con la Asamblea Nacional. Menguada por la persecución sistemática del oficialismo, la única institución en manos de la dirigencia opositora enfrenta un desafío enorme: lograr que sus decisiones sean ejecutadas. Para lograrlo, debe, en primer lugar, restablecer la unidad en la oposición y construir una agenda conjunta para buscar una salida negociada del régimen.

Ya quedó claro que los chavistas seguirán con su política sistemática en contra de los diputados opositores. Cabello amenazó con disolver la Asamblea Nacional e investigar a todo aquel que tenga relaciones con El Grupo de Lima, que el 4 de enero le pidió a Maduro no posesionarse y llamó a los 13 países miembros a tomar medidas contra el régimen.

 

PREOCUPANTE RADIOGRAFÍA ECONÓMICA Y SOCIAL

 

Inflación

La inflación en Venezuela cerró 2018 en 1.698.488,2%, según un informe difundido este mièrcoles por el Parlamento, de mayoría opositora. “Lamentablemente cerramos un año 2108 con una inflación, que afecta el bolsillo de los venezolanos, de 1.698.488,2%”, dijo a periodistas Rafael Guzmán, integrante de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

El aumento del costo de la vida en diciembre se ubicó en 141%, después de alcanzar 144,2% en noviembre. “Lo que el 1 de enero costaba un bolívar hoy cuesta 17.000 bolívares”, graficó Guzmán, lamentando que el salario mínimo en Venezuela sea equivalente a unos cuatro dólares en el mercado negro, en un país donde rige un férreo control de cambio.

Los alimentos sufrieron un alza de 123% en diciembre, mientras que el transporte subió 167%. 

 

Corrupción

Venezuela, según los indicadores de Transparencia Internacional, es el país más corrupto de Latinoamérica. Estos indicadores contrastan con las declaraciones de Maduro, quien ha dicho que “no existe, en la historia de Venezuela, un proceso y un gobierno que hayan combatido la corrupción, en su carácter estructural”.

Según el Parlamento, en un informe publicado el año pasado, “solo en casos de corrupción conocidos puede decirse que las pérdidas ascienden a 450.000 millones de dólares (ocho veces el presupuesto destinado a Venezuela en 2012, el más alto), pero este es la punta del iceberg porque cada vez salen a relucir más escándalos. Es innegable que la corrupción es la causante de la crisis económica”.

 

Gobierno de transición

Solo el 18,7% de los venezolanos desea que Maduro y el chavismo sigan gobernando Venezuela, según un estudio de opinión de Meganalisis. Dice, en otras palabras, que “el 81,3% apoyaría un gobierno de transición”.

El estudio fue realizado entre los días 7 y 8 de enero de 2019 en la antesala de la posesión de Maduro.

 

Descontento

Los venezolanos simplemente no quieren seguir con el modelo vigente. Esto se puede concluir de un estudio hecho por la firma Delphos, que estimó que al menos el 60% desea que Venezuela sea gobernada por una política que no provenga de las filas del chavismo.

Un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad de Vanderbilt también identificó que solo un 13% se considera “chavista-madurista”, mientras que un 25% se cataloga “chavista desafecto”.