El líder regional de Cataluña, el nacionalista Artur Mas, anunció la celebración el 9 de noviembre de 2014 de una consulta sobre la independencia de la región, calificada de ilegal por Madrid, quien ya aseguró que "no se celebrará".

"Es una sola pregunta con dos apartados. El primer apartado es ¿quiere que Cataluña sea un Estado? Sí o no. El segundo apartado, en caso de respuesta afirmativa, es ¿quiere que este Estado sea independiente? Sí o no", explicó Mas en una rueda de prensa.

Sin embargo, sin moverse un ápice de la posición defendida desde el inicio del conflicto, el gobierno español del conservador Mariano Rajoy reafirmó solo unos minutos después la prohibición de celebrar el plebiscito.

"La consulta no se celebrará y no se celebrará porque nuestra Constitución no autoriza a ninguna Comunidad Autónoma a someter a consulta o a referéndum cuestiones que afectan a la soberanía nacional y cuya disposición nos corresponde a todos los españoles", señaló el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Orgullosa de su idioma y tradición propios, esta región del noreste de España de 7,5 millones de habitantes vive desde hace más de un año un auge del sentimiento independentista especialmente motivado por la crisis económica, con un amplio sector social reclamando un mejor trato fiscal.

Enfrentado con el gobierno de Rajoy después de que este rechazara en septiembre de 2012 otorgar mayor autonomía fiscal a la región, Artur Mas, moderado en sus inicios, se comprometió hace un año a celebrar un referéndum en 2014.

"La fecha como cualquier fecha es muy concreta: 9 de noviembre de 2014", añadió el presidente regional catalán, recordando el compromiso de que "la consulta se tenía que hacer en 2014".

El acuerdo fue negociado por cuatro de las formaciones políticas catalanas con amplia mayoría en el Parlamento regional, cuyas directivas aun tienen que ratificarlo.

La fórmula de la doble pregunta permitirá a los ciudadanos catalanes escoger entre mantener el estatus actual, independizarse de España o bien, reclamar un mayor autogobierno pero sin secesionarse del resto del país, opción reclamada por algunas formaciones.

A partir de ahora, estos partidos presentarán en el Parlamento regional una proposición de ley para pedir permiso al Congreso de los diputados para organizar este referéndum, competencia que la Constitución española reserva al gobierno central.

"Ahora es necesario un Estado que esperemos sea de raíz profundamente democrática, un Estado atento a este reclamo de la sociedad catalana, un Estado español atento a esta mayoría parlamentaria tan amplia", apuntó el presidente catalán.

Sin embargo, el Gobierno español del Partido Popular, con mayoría absoluta, ya ha advertido de la imposibilidad de celebrar este plebiscito, lo mismo que el principal partido de la oposición.

"Lo que ha propuesto el presidente Mas es un referéndum de autodeterminación con el que los socialistas no estamos de acuerdo (...) Creo que el presidente Mas está llevando a Cataluña a un callejón sin salida", señaló el líder socialista, Alfredo Pérez Rucalcaba.

Ante esta enrocada situación, los independentistas confían en conseguir el apoyo de la comunidad internacional que, hasta el momento, no está respondiendo a sus expectativas.

El pasado 11 de septiembre, un año después de que más de un millón de personas se manifestaran en Barcelona por la independencia, centenares de miles de personas se unieron en las carreteras catalanas para formar una cadena humana de más de 400 km para llamar la atención a nivel internacional.

Sin embargo, la Unión Europea ha evitado hasta el momento implicarse en los asuntos internos de un Estado miembro, aunque ha recordado en repetidas ocasiones que la secesión de Cataluña implicaría su salida del espacio comunitario.

Mientras, el sentimiento independentista parece seguir creciendo entre la población.

Según el último sondeo del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, un 48,5% de los encuestados creían que la región debía ser un Estado independiente, un 21,3% apostaban por una federación con España y un 18,6% apoyaban mantener la situación actual./AFP