A pesar de que voceros de las tres Ramas del Poder Público, incluido el fiscal Luis Eduardo Montealegre, se reunieron para ventilar las diferencias en torno al Tribunal de Aforados, tal como lo aprobó la Comisión Primera del Senado en el proyecto de equilibrio de poderes y ajuste institucional, los ponentes anunciaron que no harán pliego de modificaciones.

Por iniciativa del presidente del Senado, José David Name, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), la reunión se realizó en el Consejo de Estado, tratando de superar las diferencias surgidas alrededor del trámite del proyecto presentado por el Gobierno nacional.

Además de Name y Montealegre, asistieron el ministro de Justicia, Yesid Reyes, varios magistrados de las Cortes y los ponentes del proyecto en el Senado.

"Propuse esta reunión porque no debemos confrontar para atizar polémicas sino deliberar en un ambiente reposado y de respeto sobre las diferencias que suscita el proyecto. Me parece que por muy profundas que sean las discrepancias, Colombia requiere debatir las ideas en un ambiente de paz y tolerancia sin que las partes se maltraten ni menoscaben", indicó.

Avances

Aunque las posiciones planteadas no se modificaron, para la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, hubo avances.

“Fue una reunión productiva. Se llegó al consenso de eliminar la Comisión de Acusaciones. Segundo, que se mantenga la garantía institucional de desafuero del Congreso para continuar con el juzgamiento en derecho”, explicó.

Sobre el acuerdo en eliminar la Comisión, el senador Roy Barreras, de La U, añadió que se busca construir un Tribunal de instrucción que garantice que todos los ciudadanos, e incluso los aforados, tengan un juez que los juzgue.

López afirmó que el desacuerdo está en que ellos quieren seguir teniendo un juicio político ante el Congreso “que, como saben todos los colombianos. Es una impunidad de facto. A nadie se le juzga en el Congreso”.

Con todo, dijo, “yo celebro el buen tono, celebro que la discusión retorne a la serenidad, a los argumentos y no a las agresiones y al chantaje”, aludiendo a las declaraciones del fiscal Montealegre hechas la semana pasada.

Una preocupación de todos es que el Tribunal de Aforados se pueda convertir en un mecanismo para controvertir las decisiones de los jueces. En palabras de Barreras, “los magistrados y el fiscal explicaron el riesgo jurídico de que una supercorte tumbe los fallos de las Cortes”; pero López precisó que “las decisiones de los jueces y fiscales serán inviolables ante este nuevo Tribunal”.

Posiciones

Por su lado, el ministro Reyes manifestó que “se plantearon la distintas posiciones que había respecto a la reforma a la justicia, básicamente en lo que tiene que ver con Tribunal de Aforados y hubo distintas visiones. Para el Gobierno fue una reunión positiva”.

Reyes sostuvo que con la senadora López hubo muchos puntos de acuerdo, aunque dijo que el Gobierno va a insistir en el juzgamiento en el Congreso.

El senador del Centro Democrático, Jaime Amín, calificó la reunión como muy franca, pero que “a pesar de ese ánimo de colaboración, digamos: zapatero a tu zapatero, cada loro en su estaca”.

El liberal Juan Manuel Galán, presidente de la Comisión Primera, coincidió con Amín en el clima que prevaleció. “Creo que dialogando nos hemos entendido en algunos ajustes que se le pueden hacer a la reforma”, sostuvo.

Cambios en plenaria

Galán señaló que la plenaria del Senado seguramente le introducirá ajustes, como la naturaleza del Tribunal de Aforados, la ubicación, el mecanismo de selección de los magistrados.

Por ejemplo, dijo, “hay que precisar que no es un tribunal de cierre, sino que es para tratar el tema del antejuicio político y de la función de control político”.