Su labor estará centrada, inicialmente, en el Chocó

__________________

Establecer la verdad y dar con los responsables de los asesinatos y amenazas contra los defensores de derechos humanos y la población civil entre otras situaciones de violencia que han afectado a Chocó, es el primer gran reto que se trazó la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía.

En las regiones del Darién y el Bajo Atrato (Chocó) se ha registrado un incremento del 271% en los índices de criminalidad en lo corrido del año. En efecto, hasta la fecha se han consumado 38 homicidios dolosos, frente a 14 registrados en 2016, solo en los municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Acandí y Unguía. Adicionalmente, la Fiscalía ha recibido más de 25 denuncias por intimidaciones contra defensores de derechos y reclamantes de tierras.

Los recientes hechos de violencias están relacionados con los crímenes de los reclamantes de tierras, Mario Castaño Bravo y Luis Hernán Bedoya, ocurridos entre el corregimiento de Belén de Bajirá y el casco urbano de Riosucio (Chocó), el 26 de noviembre y el 8 de diciembre de 2017, respectivamente.

Estos homicidios son investigados por un equipo especializado de fiscales, con el apoyo del CTI y la Policía.

Para garantizar el imperio de la ley y el acceso a la justicia, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, visitó la región y escuchó los reclamos de las víctimas y de las comunidades que se agruparon en Carepa (Antioquia) y Belén de Bajirá (Chocó).

Allí determinó que un primer grupo itinerante de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación se quede en la zona para identificar e investigar a los integrantes de los grupos armados ilegales responsables de estos delitos y, mediante la asociación de casos, establezca el fenómeno criminal presente en esta región del departamento.

El equipo especializado está integrado por dos fiscales, analistas e investigadores, y tiene apoyo de policía judicial del CTI de la Fiscalía y de la Dijin.

Lucha por tierras

El origen de la mayoría de hechos violentos en Darién y el Bajo Atrato chocoano estaría ligado a problemas relacionados con el respeto a la propiedad colectiva de los pueblos afro, la titulación de tierras y el desplazamiento de familias que a finales de la década de los noventa salieron de estas dos regiones por presión de los grupos paramilitares y sus redes de apoyo.

Entre 2012 y 2016, comunidades nativas comenzaron a retornar a esos territorios, pero encontraron resistencia de actores que durante años tomaron posesión de los predios y se han opuesto a los reclamos de restitución de tierras de las comunidades y a los pronunciamientos judiciales existentes.

Para lograr el esclarecimiento de estos hechos, la Fiscalía analiza más de 85 expedientes sobre terceros civiles y agentes estatales que presuntamente habrían apoyado a grupos de autodefensas entre 1994 y 2006. Asimismo, han sido identificadas 88 noticias criminales sobre eventos ocurridos en los últimos años, que tendrían relación con los reclamos por las tierras de los consejos comunitarios y las comunidades indígenas y mestizas en la zona.

La desmovilización de las Farc permitió la incursión de otros actores armados que tendrían relación directa en las acciones criminales conocidas en 2017. Según las verificaciones de los investigadores, el Clan del Golfo con cuatro de sus estructuras armadas y en asocio con reductos de las autodefensas, estaría en disputa de los territorios con el ELN, que ha incrementado su influencia en Darién y el Bajo Atrato, generando fenómenos de desplazamiento, reclutamiento ilícito, homicidios y amenazas contra los pobladores que constituyen un nuevo factor del conflicto en la región.

Al término de su visita en Carepa (Antioquia) y Belén de Bajirá (Chocó), el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, advirtió la precaria presencia del Estado, así como la necesidad de que las autoridades gubernamentales aseguren la preservación de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y de las comunidades tribales, como la forma más adecuada para prevenir las distintas formas de criminalidad que se comienzan a consolidar en la región.