Mientras las grandes empresas mineras son sometidas a largas esperas en la respuesta oportuna que la ley exige para la firma de los contratos de concesión, solicitudes engavetadas desde 1998, cerca de 9.000 contratos sin fiscalización, 20 mil solicitudes sin estudiar, más 4.000 de minería de hecho sin atender, dan cuenta de una institucionalidad descuadernada.
¿Quién firma? Después de once semanas de posesionada, la presidente de la Agencia Nacional Minera no ha definido quién tendrá la responsabilidad de firmar los contratos de concesión que son indispensables para operar legalmente una mina en el territorio. Si el Presidente se había tomado seis meses para definir quién dirigiría la ANM, ella también puede tomárselos. ¿O qué dirán los viceministros Medina y González? ¿Será que se les olvidó que en Colombia viven 300 mil familias de la minería? Ojalá la Procuraduría les pregunte.
La negligencia. ¿En qué quedó la promesa con la cual el presidente Santos ganó las elecciones en la que hablaba de potenciar la industria minera como una de las "locomotoras" del desarrollo económico del país? Colombia podría ahora producir 100 toneladas de oro/año de no ser por la actitud hostil del Gobierno contra la industria, estigmatizando a la generalidad de mineros, involucrándolos con las “bacrim”, pero sin ofrecer seguridad en las zonas donde operan.
El freno minero. Ahora, cuando ese sistema de frenar el desarrollo minero del país colapsó por las denuncias al respecto y por el simple vencimiento de los términos para pagar cánones superficiarios (¡a veces hasta 10 años después de presentada la solicitud, sin pagar un peso!) el Gobierno entra al relevo dilatando los procesos de titulación minera en Colombia con varias estrategias.
Las tres estrategias. A) Dilación interminable para firmar los contratos cuando ya están cumplidos todos los requisitos e incluso redactadas las minutas por los abogados de las distintas regionales de la ANM. El primer paso en esta táctica consiste en no definir quién debe firmar los contratos y demás actos administrativos que tienen vocación de ser allegados al Registro Minero. B) Declaratoria de unas "zonas de reserva estratégica", sabiendo que no se tienen ni los presupuestos, ni los equipos para una exploración geológica superficial de los millones de hectáreas que se han incluido en esta categoría. Es decir, congelar indefinidamente dichas zonas para la minería, buscando proteger el patrimonio de la República, cuando se pretende favorecer los intereses de las multinacionales auríferas. C) Gobierno y multinacionales promocionan mediáticamente a ONG supuestamente ambientalistas, que torpedean proyectos mineros estratégicos y señalan a los pequeños mineros como ilegales o auxiliadores de grupos armados al margen de la ley.
Todo lo anterior para disminuir la producción colombiana de oro y demás metales (por ahora preciosos, pronto también los industriales), a fin de sostener más firmes los precios de metal que si Colombia pudiera producir plenamente.