La apuesta legislativa más fuerte hecha por la administración del presidente Santos, la Ley de Víctimas y de Tierras, se bate como balsa frente a las olas de un mar embravecido. No es nada simple lograr los objetivos propuestos en la Ley, estos son en términos genéricos, la compensación moral, histórica, material y territorial de las víctimas que ha dejado un conflicto tan amorfo como el colombiano.

La principal dificultad radica en la viabilidad real de la Ley; viabilidad que debe sostenerse a pesar de un Estado sin instituciones ni presencia en gran parte del territorio nacional donde sí operan los grupos ilegales, con una historia de procesos de paz mal conducidos y ensayando a reconocer pública y políticamente la existencia de un conflicto armado como tal.

En este mar embravecido, la ley de víctimas debe abrirse paso para cumplir entonces sus objetivos. Para esto, se han creado una serie de instituciones que pretenden allanar el camino de la reparación de las miles de víctimas de la guerra. Sin embargo ¿Son estas instituciones suficientes? ¿Qué retos deben sortear? ¿Es necesario un trabajo conjunto con otras instancias del Estado? Son solo algunas de las preguntas que se deben hacer al respecto.

Nuevo entramado

Como prólogo de un análisis de la Ley de Víctimas, es pertinente afirmar que la responsabilidad en el conflicto, y por ende en la reparación, no es exclusiva del Estado colombiano. Tampoco, el hecho que el Estado realice estas compensaciones implica necesariamente una autoría como tal. De hecho, el presidente Santos expuso que el Estado puede o no analizar una situación bajo la lupa de la presunta responsabilidad, siempre dejando la opción del compromiso solidario del mismo con el afectado, si el hecho escapa a la acción u omisión de algún servidor o funcionario público.

Con esta delimitación inicial, se puede entrar al tema de la institucionalidad creada por el Estado para hacer frente al aspecto material de la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano. Esta institucionalidad tiene como objetivo establecer “rutas jurídicas sencillas (que permitan actuar) de manera ordenada y coordinada para evitar trámites innecesarios y que responda en los tiempos previstos por la ley garantizando en todo momento los derechos de las víctimas”

Por lo tanto, la institucionalidad resultante se construye desde un ámbito aglutinador y novedoso llamado “Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas”, el cual está integrado conjuntamente por entidades públicas, tanto del ámbito nacional como del ámbito territorial, así como por organizaciones públicas y privadas, que tienen por tarea formular o ejecutar los planes, los programas, los proyectos y las acciones específicas tendientes a la atención y la reparación integral de las víctimas de que trata la ley.

Por objetivos, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas tiene en primer lugar participar en la formulación y la implementación de la política de atención y reparación. En segundo lugar, adoptar las medidas que faciliten el acceso y cualifiquen el ejercicio de los derechos de las víctimas. En tercer lugar, implementar las medidas de asistencia y reparación a favor de las víctimas. En cuarto lugar, integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada atención de las víctimas. Por último, en quinto lugar, garantizar la canalización oportuna de recursos humanos, técnicos y económicos, además de la adecuada coordinación interinstitucional a través de la articulación de la oferta de programas, la disposición de recursos y la adecuada provisión de bienes y servicios.

En adición, el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas estará compuesto por dos instancias menores pero que serán las encargadas del desarrollo material de los objetivos. Así se crea por un lado el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas y por otro lado, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, quien será el administrador del sistema.

Como elemento complementario al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, se creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas. Esta entidad tiene por objetivos acopiar pruebas del despojo y abandono de tierras para presentarlas ante la 
instancia judicial correspondiente; representar a la víctima ante las autoridades judiciales para el respectivo proceso de restitución de sus tierras; diseñar y administrar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente; pagar las sumas, a nombre del Estado, que ordenen las decisiones judiciales; pagar las compensaciones en los casos que no sea posible la restitución; adoptar programas de alivios de pasivos; incluir en el registro las tierras despojadas y abandonadas forzosamente, y crear y administrar programas de subsidios a favor de los restituidos o de quienes se les formalicen sus predios, entre otros.  En palabras simples, se trata de la institución gubernamental operativa relacionada con la restitución de tierras.

Largo camino

Si se tiene en cuenta que la reparación y restitución debe hacerse en un escenario de paz y consolidación para que de esta manera el esfuerzo sea sostenible, el panorama de la institucionalización de la ley de víctimas sería aún más complicado. No obstante este deber ser, las instituciones creadas tienen de por sí varios retos por enfrentar.

En primer lugar, y siguiendo a la Comisionada de la CNRR, Patricia Buriticá, el reconocimiento de los derechos de las víctimas es un obstáculo por salvar. En ese sentido, la institucionalidad construida sería inoficiosa mientras que no existan mecanismos claros y contundentes que permitan identificar ágilmente las víctimas reales, de manera que se les pueda prestar una oportuna atención y se pueda blindar el sistema de la acción de las falsas víctimas, que operan por interés propio o como cabeza de puente de grupos ilegales.

En segundo lugar, es necesario lograr un escenario de confianza en las instituciones creadas. Este reto es importante en el sentido que debe romper una costumbre enquistada en la forma de hacer política en el país. En otras palabras, se debe construir un sistema de atención a víctimas alejado de corrupción y manipulación política que busque favorecer intereses particulares.

En tercer lugar, aparece el dilema de la seguridad de las víctimas. Tal vez este punto es uno de los más álgidos, por cuanto requiere un trabajo interagencial, que incluye a la Fuerza Pública en pleno, junto a instancias judiciales para garantizar no solo el regreso sino evitar un nuevo despojo, bien sea por la fuerza o por engaños o manipulaciones de las normas existentes.

No obstante estos retos, el programa de reparación está en marcha. Resta al Gobierno nacional hacer esta política una acción sostenida y sobre todo, que se acompañe de los mecanismos de memoria histórica. Tal vez, una de las mejores compensaciones para muchos colombianos es saber, por fin, la verdad de la guerra. Así las cosas, el enlace con los esfuerzos por la desmovilización de grupos ilegales deben verse también reflejados en lo que concierne a las víctimas.