Una acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo Regional Tolima fue fallada favorablemente y le ordena a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del Inpec instalar mallas de seguridad en los pasillos del bloque 1 del centro carcelario y penitenciario de Picaleña, en Ibagué (Tolima), debido a que desde los pisos altos han caído varios internos, lo que ha dejado en el último año 5 muertos y por lo menos dos heridos, uno de ellos sigue en estado de coma. En el último año murieron cinco internos que cayeron desde un cuarto piso al vacío por la falta de mallas de seguridad. Actualmente, uno de los internos afectados se encuentra en estado de coma.

El Juzgado Tercero de Familia de Ibagué acogió la demanda del Defensoría del Pueblo y ordenó la instalación de las mallas de seguridad con el fin impedir que se vuelvan a registrar casos de caída de los internos desde los pisos altos.
Actualmente, los internos se ven obligados a dormir en los pasillos de la cárcel debido al hacinamiento (que llega al 92%), que el bloque 1 cuenta con una capacidad para albergar a 1.567 y están recluidos 3.015. En todo el centro carcelario Picaleña hay 6.220 reclusos y se tiene capacidad para 4.600 personas.

En su sentencia, el Juzgado reiteró que se deben instalar las mallas de manera urgente, "mientras se toman medidas para mejorar las condiciones de hacinamiento que existen en el complejo penitenciario".

La Defensoría del Pueblo denunció a mediados de abril sobre el riesgo que corren los reclusos por no tener las barreras. Incluso, se dio a conocer al jugado el caso del interno Omar Sánchez, quien estaba en el pabellón 7 del bloque 1 y una mañana cuando "al parecer estaba durmiendo, volteó a su lado izquierdo y cayó al vacío sufriendo trauma craneoencefálico severo que lo llevó hasta la muerte mientras era trasladado al Hospital Federico Lleras Acosta".

La Defensoría del Pueblo decidió entablar la acción de tutelas luego de haber realizado varias visitas al centro de reclusión sin tener respuestas efectivas de las autoridades penitenciarias para la solución del problema. Ahora, la Entidad estará vigilante del cumplimiento de la sentencia de tutela para proteger los derechos fundamentales de los internos.