El Gobierno no sólo ha solicitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la revisión de la condena impuesta a Colombia por la masacre de Mapiripán, sino que además la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes para establecer quiénes están implicados en el presunto fraude contra la Nación al presentar falsas víctimas, afirmó ayer el ministro de Justicia y del Derecho Juan Carlos Esguerra.

“La Fiscalía General de la Nación está adelantando también las investigaciones correspondientes para establecer si se cometieron, como probablemente ocurrió, unos delitos. Esto implicaría que quienes se hicieron pasar por víctimas sin tener esa condición respondan ante la justicia y que respondan también quienes los hubieran asesorado, llámense como se llamen”, sostuvo el alto funcionario.

Esguerra declaró que en este caso la ley debe caer con mucha más firmeza sobre quienes al parecer asesoraron a un grupo de personas para que se hicieran pasar por víctimas en un episodio que el país recuerda con dolor: “Uno no puede abusar de su condición de abogado para convertir el ejercicio de esta profesión en un campo de acción para la codicia de quienes aspiran simplemente a enriquecerse a costa del Estado, tanto las presuntas víctimas como los abogados, quienes además cobran dinero por eso”.

Hace un par de semanas, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso se declaró culpable de los delitos de homicidio agravado, terrorismo y secuestro extorsivo relacionados con la masacre de Mapiripán, ocurrida en julio de 1997.

En noviembre, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expidió un comunicado precisando que la ocurrencia de la masacre ha sido demostrada tanto por los tribunales colombianos como por la sentencia emitida el 15 de septiembre de 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que también “se ha probado judicialmente que esta masacre fue cometida por miembros de organizaciones paramilitares con el apoyo, la aquiescencia y la tolerancia de agentes del Estado”.