Gabriel Sonny Cubillos

Periodista de El Nuevo Siglo

Uno de los primeros proyectos de ley que fue radicado al comienzo de la segunda legislatura del Congreso es el que reglamenta la participación en política de los servidores públicos, que con contadas excepciones contempla la Constitución, pero que tras 24 años no ha sido desarrollada. Esta situación impide que este derecho se haga plenamente efectivo y expone a los funcionarios a investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría.

En julio del año anterior fue radicado el proyecto de ley númeroNo. 35 de 2014 Senado, por iniciativa de los senadores del Partido de La U, Carlos Enrique Soto, Milton Rodríguez, Maritza Martínez, Jimmy Chamorro así como el representante a la Cámara por Cambio Radical, Atilano Giraldo.

A pesar de que esta iniciativa fue aprobada el 12 de noviembre pasado en primer debate por la Comisión Primera del Senado, se terminó hundiendo porque la aprobación de las leyes estatutarias debe efectuarse dentro de una sola legislatura.

No obstante, el senador Soto radicó nuevamente el proyecto hace algunos días, en el cual señala en la exposición de motivos que “es necesario enunciar que desde el año 2010 se ha insistido en la presentación de la presente iniciativa legislativa, la cual ha sido aprobada por la Comisión Primera de Senado, por la gran mayoría, y la cual se ha ido puliendo a través de las discusiones adelantadas con el fin de que se pueda dar respuesta a la necesidad de reglar la participación en política de los servidores públicos. Se confía que en esta oportunidad se le dé la importancia y el trámite oportuno para que sea ley de la República”.

De tal forma que al carecer de una norma que regule la participación en política, los servidores públicos tendrán que cuidarse de las actuaciones que tengan de cara a los comicios territoriales de octubre próximo, pues se exponen a investigaciones y sanciones de la Procuraduría.

Ya el Ministerio Público advirtió a los funcionarios a través de la Directiva No. 004 de abril pasado sobre las prohibiciones con ocasión de las jornadas electorales de 2015, en donde la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General, haciendo referencia al concepto del 3 de diciembre de 2013, proferido por la Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado, destacó que “al no haberse expedido la ley estatutaria que reglamente dicho ejercicio, lo que finalmente se restringe a esta clase de servidores públicos no es la participación en actividades y controversias políticas propiamente, sino el uso del empleo como medio de presión sobre los ciudadanos para favorecer una determinada causa o campaña, restricción que se establece en aras de preservar la imparcialidad del aparato estatal en el proceso político y la prevalencia del bien general de la colectividad sobre los intereses de partidos y grupos”.

La Constitución excluye de plano la participación en política a los miembros de la Fuerza Pública, incluso no pueden ejercer el sufragio mientras permanezcan en servicio activo; en tanto que el Acto Legislativo 02 de 2004 prohíbe a los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al voto.

Investigaciones

A falta de tres meses de campaña para los comicios de este año la Procuraduría ya abrió varias indagaciones por supuesta participación en política de servidores públicos, que entre los casos más conocidos está el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, contra quien inició una investigación preliminar tras recibir una queja porque en un evento oficial en que estaba el mandatario, también hizo presencia el candidato a la Alcaldía de Medellín, Alonso Salazar.

También el Ministerio Público inició una indagación preliminar al gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado, a raíz de las declaraciones de la exsecretaria del Interior de este departamento, Cielo Riveros, quien en una entrevista radial dejó entrever que su salida del cargo fue porque su jefe político, el excongresista Hernando Cárdenas, no apoyó la aspiración de la carta liberal a la gobernación, Mauricio Jaramillo, quien sería el candidato del Gobernador.