En contestación a la apertura de indagación preliminar por parte de la Procuraduría General por aparentes irregularidades en la liquidación de la EPS Humana Vivir, el superintendente de Salud, Gustavo Morales, se mostró tranquilo al asegurar que actuó bajo la ley.

“Esto nos da la oportunidad de dar las explicaciones que sean del caso. Estamos muy tranquilos de que la decisión fue tomada pleno derecho y así lo haremos saber”, dijo al tiempo que recalcó que “está demostrado que la EPS está rankeada en el último puesto por los usuarios y encontramos que había funcionarios de la Superintendencia trabajando al servicio de sus dueños”.

La decisión del organismo de control obedece a varias quejas interpuestas por miembros directivos de la EPS quienes aseguraron que había intereses personales en dicha liquidación.

Los reclamantes “consideraron que el proceso de liquidación no se hizo de acuerdo a los requisitos exigidos. Igualmente las directivas manifestaron que se presentaron intereses particulares, hecho que será investigado por la Procuraduría General”.

La denuncia

De otro lado, el Superintendente de Salud denunció que algunos de sus funcionarios pretendían, al parecer, con engaños hacerle firmar la autorización de una empresa que aspira a ser EPS, pero que tiene vínculos con grupos paramilitares.

Dicho caso se dio en momentos en los que Morales contemplaba cambiar al equipo de trabajo de las superintendencias delegadas.

“Desde hacía varias semanas venía madurando la idea de pedirles la renuncia no solo a los cinco delegados, sino a todo el personal directivo de la Superintendencia”, dijo refiriéndose a los funcionarios de libre remoción, proceso que se adelanta periódicamente para mejorar los procesos.

Sin embargo, “esa decisión coincidió con la información que nos hizo llegar esta semana de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en la que nos alerta de un riesgo muy grande”.

Se trata del caso en el que algunas personas solicitaron habilitación para que la empresa Salud Andina S.A. funcionara como EPS pero “podrían incurrir en un conflicto de intereses o una vinculación con grupos armados paramilitares de la Costa Atlántica. El tema es que las delegadas le dieron el visto bueno y prepararon para mi firma la habilitación. Intentaron engañarme”.

Y es que con la información suministrada por el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Rafael Merchán y las averiguaciones del despacho del Superintendente, descubrieron las pretensiones de dicha empresa.

“La Secretaría nos informó que algunos de los socios de dicha empresa han sido mencionados como patrocinadores o auspiciadores de grupos de autodefensas en Soledad Atlántico”, dijo Superintendente.

Otro de los motivos para que el funcionario decidiera frenar el proceso de autorización es que en Salud Andina figuran como promotores de la misma y miembros de la junta directiva de las empresas socias, personas que hoy en día son funcionarios públicos del sector de la salud.

Se trata de David Pérez, secretario de Salud del Atlántico, y de Carlos Bula, secretario de Salud del municipio de Soledad, en el Atlántico.

“Es paradójico porque mis delegadas hicieron la lista de chequeo y parecía cumplir con todos los requisitos tecnológicos, técnicos, de redes de servicios de salud y los jurídicos, pero esta información nueva es sorprendente y obliga a frenar el proceso”, añadió.

Además, según argumentó, la firma que tiene cinco empresas asociadas tiene como gerente y dueño a “Gerardo Vecino Villarreal, que por un lado fue suplente en el Congreso de la República de un congresista que se llama Mario Varón que ha estado investigado por parapolítica y mencionado en los testimonios de los paramilitares alias 120, don Antonio y Marenco y señalado de ser patrocinador del bloque norte” de las paramilitares.