Tras el cierre del tercer punto en la mesa de conversaciones de paz, el 2 de junio se retomarán las los diálogos con el tema de las víctimas. Los derechos humanos de esta población y el compromiso con la verdad son los dos sub puntos que se abordarán en La Habana.

Desde la instalación de la mesa de conversaciones en noviembre de 2012, diferentes sectores de víctimas han manifestado la necesidad de tener representación directa en Cuba para dialogar con ambas partes. Esta solicitud ha sido apoyada por la Defensoría del Pueblo, la ONU y congresistas, entre otros; sin embargo, no ha habido una respuesta oficial por parte de los negociadores.

Ahora, a pocos días de que se empiece a debatir este tema, las peticiones han vuelto y las víctimas insisten en que son ellas quienes deben debatir directamente sus propuestas con el Gobierno y las Farc.

La Mesa Nacional de Víctimas, un organismo creado por la Ley 1448 conformado por 46 representantes de diferentes departamentos y hechos victimizantes, lidera esta solicitud. Incluso sus miembros le explicaron a EL NUEVO SIGLO que antes de finalizar el mes se reunirán con la Corte Constitucional, por invitación del alto tribunal, para pedir esa representación.

Pero además, han reiterado que si alguien los va a representar en La Habana, esas personas deben salir de la Mesa, pues ellos fueron elegidos por cientos de líderes de víctimas de todo el país para representar a los 6 millones de afectados por el conflicto armado.

A este argumento se suma un reclamo de Edgardo Flórez, representante en la mesa por el departamento de Bolívar: “Aunquese creó este espacio nacional como máxima instancia de representación de víctimas, hoy encontramos que se toman como representantes de las víctimas a personas que no han sido elegidas por los espacios formales en las mesas municipales y departamentales. Se corre el riesgo de que los amigos de determinados amigos sean quienes vayan a La Habana”.

Aunque ni siquiera se ha confirmado que habrá presencia de las víctimas en los diálogos, el coordinador nacional de la Mesa, Jorge Vásquez, ha pedido que participen los 46 integrantes: “No sabemos si vamos a tener la posibilidad, porque existen senadores, representantes y ONG que quieren llevar su gente. Nosotros estamos diciendo que vayamos todos, y aunque va a ser muy complejo, esa es la postura de la Mesa”.

Muchas preguntas

A través de las reuniones municipales, departamentales y nacionales, la Mesa Nacional de Víctimas ha recogido cientos de propuestas que, según Flórez, se han enviado a la Unidad de Víctimas, el Ministerio del Interior y, lo más importante, a los negociadores de paz.

Con ese documento en manos, su idea es sentarse con los victimarios y preguntarles por ejemplo, “cuándo piensan devolverle las tierras a las víctimas, esas tierras que ellos dicen que no tienen y sabemos que sí, cuál es la posibilidad de dejar retornar a esas familias”, explicó Vásquez.

Los compromisos con la verdad son tal vez la preocupación más urgente de estas personas. La ubicación de fosas comunes, el listado de testaferros y el paradero de quienes fueron reclutados cuando niños son algunas de las exigencias de Flórez: “Se supone que la guerrilla en Montes de María se acabó, pero los cuerpos de estos jóvenes no aparecen ni vivos ni muertos”.

Aunque este tipo de peticiones son compartidas por la mayoría de las víctimas, también existen requerimientos particulares desde quienes han sufrido las diferentes formas de la violencia. De ahí la dificultad para organizar todas las solicitudes, como lo explica Reinel Barbosa, representante de Bogotá en la Mesa y víctima de una mina antipersonal: “Hay que unificar el criterio de los enfoques diferenciales porque todos tendrán unas peticiones puntuales”.

Por ejemplo, asegura que las víctimas de estos artefactos explosivos exigen el desminado humanitario con participación del Eln y las Farc, pues “como ellos son los que saben dónde están las minas, los costos se pueden disminuir significativamente”.

Reparación

Además de la verdad, en este punto también se discutirá la manera de reparar a la población civil que ha sufrido los estragos del conflicto. El documento de la agenda en Cuba reza: “Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional - Farc- EP”.

Y aunque la Ley de Víctimas que empezó a funcionar en 2011 ya adelanta esta tarea, los integrantes de la Mesa piden unas acciones más contundentes. El coordinador nacional, por ejemplo, exige que la reparación sea diferencial y que más allá de “entregarles 17 smlv a todas las víctimas”, se evalúe cada caso para estimar cuánto pudo perder cada desplazado al salir de su tierra.

Por otra parte, Flórez cree que “no se pueden repetir los errores del pasado”, haciendo referencia a lo que se acordó en la Ley 975, con la que se desmovilizaron las autodefensas; y en la que a su parecer, se privilegiaron los intereses de los victimarios por encima de los de las víctimas: “mientras las víctimas permanecemos en los semáforos vendiendo agua, los victimarios han gozado de oportunidades para estudiar, para superarse y un recurso económico muy importante”.