Para dar celeridad a la cantidad de procesos judiciales que actualmente se encuentran represados en los despachos, el Gobierno volvió a insistir en la necesidad de dotar de funciones jurisdiccionales a profesionales del Derecho.

El tema, que está incluido en el proyecto de reforma a la Justicia que está listo para segundo debate en la plenaria del Senado, ha generado gran controversia con las Cortes, que se han opuesto a otorgarles funciones jurisdiccionales a abogados y notarios.
Durante la instalación del Octavo Seminario Internacional de Gerencia Jurídica Pública, el ministro de Justicia y el Derecho Juan Carlos Esguerra expresó que esos profesionales a los que les otorgarían dichas facultades, tienen exactamente la misma preparación que ostentan los jueces.
“¿Qué tienen quienes formalmente están atribuidos de esta función que no tengamos los demás abogados? ¿De cuándo acá ha venido a resultar que aquí los jueces tienen una formación diferente a la que tenemos los demás abogados, si estudiamos lo mismo, en los mismos sitios y fuimos vecinos de pupitre? Los invito a que se miren entre ustedes mismos y me digan si no habría entre los aquí presentes no pocos que estarían perfectamente en condiciones de desempeñar una función jurisdiccional”, sostuvo el jefe de la cartera de justicia.
Según Esguerra, actualmente hay 2’700.000 procesos represados en el sistema judicial. “Piensen ustedes en el caso de los notarios, si no hay allí un capital humano del que podríamos disponer para efectos de ver cómo ayudamos en la tarea de descongestionar los despachos judiciales. Tenemos el compromiso con nuestros hijos de no dejarles un país donde hay 2’700.000 procesos atascados en los juzgados, que no se resuelven”, insistió.
Por ello, el funcionario se centró en apoyar una iniciativa para utilizar excepcionalmente los recursos con los que se puede contar, “es cuestión de gerencia pública, con ese propósito. A ver si mejoramos el puesto 178 entre los 183 países en materia de demoras judiciales”.