En medio de la avalancha  de iniciativas que hay en el Congreso y que se anuncia llegarán contra la corrupción, llama la atención un proyecto de ley que tomando un poco como ejemplo la llamada Lista Clinton en Estados Unidos propone crear la Lista ‘Ser Pillo No Paga’. Las personas naturales o jurídicas allí incluidas verían bloqueado por un tiempo el acceso al sector financiero y no tendrían ningún tipo de rebaja de penas, entre otras sanciones.

La iniciativa fue presentada al Parlamento  hace algunos meses en la pasada legislatura por el representante del departamento del Valle, Heriberto Sanabria Astudillo. No obstante, no alcanzó a ser debatida y por ello el Legislador  conservador insistió en radicarla hace algunos días.

Sanabria explicó sobre el proyecto que “tiene cuatro componentes: el primero es cero rebaja de pena por todos los delitos de corrupción, así delaten, así colaboren. Segundo, cero casa por cárcel bajo ninguna circunstancia”.

Añadió que en tercer lugar “el Estado colombiano queda con la potestad de terminar unilateralmente los contratos apenas se condene. Con esta ley se le da la facultad al Estado de terminar unilateralmente los contratos. Y cuarto componente es la muerte financiara: la persona condenada por corrupción, no puede tener ningún tipo de actividad financiera, comercial o bancaria por el tiempo que le dure la pena, una especie de Lista Clinton, por eso se llama la lista ‘Ser Pillo No Paga’”.

El Parlamentario conservador dijo que las personas incluidas en esta lista no podrán tener “ningún tipo de vinculación comercial, bancaria o financiera”.

Sanabria dijo que hoy lo que pasa con los corruptos es que “la persona comete el delito, se queda con la plata, se va para la casa, le rebajan la pena y sigue circulando la plata. Entonces es congelarle la plata pero además de congelarle la plata es sancionarlo para que adquiera la muerte financiera, comercial y bancaria por el tiempo que le dure la pena”.

La lista más conocida en el mundo es la Clinton, la cual fue creada en el año de 1995 con el objetivo de bloquear las empresas en las que tuvieran intereses los narcotraficantes y lavadores de activos, dicho bloqueo no es solamente a nivel financiero sino también a nivel comercial.

El proyecto de ley en cuestión establece que la Superintendencia Financiera de Colombia será la encargada de administrar, actualizar y regular la información contenida en la lista Ser Pillo No Paga.

La iniciativa establece que luego de confirmado el fallo condenatorio mediante sentencia judicial debidamente ejecutoriada por delitos de corrupción consagrados en las leyes 1474 de 2011 y 1778 de 2016, deberá el juez natural de oficio remitir copia de los fallos a la Superintendencia Financiera de Colombia para que las personas naturales y jurídica sean incluidas en la lista Ser Pillo No Paga.

La Superintendencia Financiera notificará a todas las entidades que hacen parte del sistema financiero la inclusión en la lista Ser Pillo No Paga de las personas naturales, representantes legales de las personas jurídicas condenadas por los delitos contra la Administración Pública y Patrimonio Público.

Propuestas

El Congreso en esta última legislatura tendrá que estudiar una serie de iniciativas contra la corrupción, comenzando por un paquete que anunció el pasado 20 de julio el presidente Santos: un proyecto de Protección de Denunciantes; una iniciativa que crea el Registro de Beneficiarios Reales, que permitirá saber cuáles son las personas que se lucran de una empresa o negocio.  Y una Ley que reduce y condiciona los beneficios por allanamiento a cargos y que elimina la casa por cárcel para los corruptos.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, presentó al comienzo de esta legislatura el proyecto de ley anticorrupción que busca otorgar herramientas procesales para la investigación y judicialización de estos actos.

Finalmente, el Partido Alianza Verde impulsa una consulta popular contra la corrupción. Para ello recogió más de 4 millones de firmas de respaldo que ya están en proceso de revisión en la Registraduría.

Si al menos 1’762.083 firmas resultan válidas, la iniciativa pasará al Congreso para que la consulta sea autorizada por el Congreso.