El diálogo de paz que las FARC iniciarán con el gobierno de Colombia el 15 de noviembre en La Habana plantea a la guerrilla el desafío de reconvertirse en un movimiento político legal, y a las autoridades el de garantizarles la seguridad.

Última gran guerrilla que persiste activa en América Latina, las FARC cuentan en la actualidad con unos 9.000 combatientes que deberán ser reinsertados en la vida civil, y a la vez tendrán que de algún modo dar cuenta de sus actos a miles de víctimas del conflicto armado que se acerca al medio siglo.

Las experiencias anteriores de pacificación de otros grupos guerrilleros en Colombia, que beneficiaron de amnistías generales, poco aportarán como referencia en esta ocasión, consideran los analistas.

"Esta vez no se plantea que haya una amnistía absoluta. Se podría pensar en un indulto a las tropas, pero a los mandos medios y altos les espera un juicio y una sanción, lo que no significa que no puedan beneficiar de suspensión o de reducción de penas", dijo a la AFP Javier Ciurlizza, director para América Latina y el Caribe del instituto Crisis Group.

Ante ese panorama, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos consiguió aprobar este año en el Congreso el "marco jurídico para la paz", un mecanismo que debe ser reglamentado pero que prevé la suspensión del cumplimiento de penas y otros beneficios procesales a los guerrilleros que dejen las armas.

Sin embargo, las condenas que ya han sido dictadas en ausencia a los comandantes de las FARC  implican inhabilitación política de por vida, recordó Ciurlizza, al asomar que el gobierno deberá encontrar mecanismos que "permitan crear algún tipo de vocería política".

Para las FARC, la creación de un partido implica una serie de dificultades. Además de tener que cumplir con requisitos de número de adherentes y porcentaje de votación, Ciurlizza resalta como obstáculo que la guerrilla carece de un programa político claro.

"Las FARC no tienen un programa con el que puedan decir cuál es su definición ideológica. Es un movimiento muy pragmático que se ha unido en torno a la guerra, que se presenta un poco marxista, un poco maoísta, un poco bolivariano", consideró.

Para Ariel Ávila, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, especializada en el conflicto armado colombiano, "las garantías judiciales marcarán uno de los debates más intensos" en la mesa de diálogo.

"Por un lado, será difícil esperar que luego de 50 años en la guerra la comandancia de las FARC haga dejación de armas a cambio de años en prisión. De otro lado, será muy complejo que la comunidad internacional y la propia sociedad colombiana acepten una negociación que signifique cero prisión", opinó.

La paz y el riesgo del crimen político

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El último proceso de paz exitoso de Colombia ocurrió en 1990, cuando las guerrillas Movimiento 19 de Abril (M-19, nacionalista), Ejército Popular de Liberación (EPL, maoísta) y Quintín Lame (indigenista) se desmovilizaron y obtuvieron una amnistía general.

El M-19, en particular, consiguió entonces una importante representación en la Asamblea Constituyente de 1991, que redactó la actual Carta Magna, y uno de sus más altos dirigentes, Gustavo Petro, es actualmente alcalde de Bogotá.

Pero a la vez, el M-19 sufrió los estragos del crimen político, con el asesinato en 1990 de su máximo comandante y para la época candidato a la presidencia, Carlos Pizarro.

Ese mismo año fue asesinado también Bernardo Jaramillo, aspirante a la presidencia por la Unión Patriótica (UP), un partido cercano a las FARC que ya había perdido en 1987 por la violencia a otro candidato presidencial, Jaime Pardo. En total, unos 3.000 dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP fueron asesinados a fines de los años 1980.

"La protección de los líderes y militantes de las FARC después de un acuerdo de paz es fundamental para el éxito del proceso", aseveró Ávila.

En caso de que se superen las trabas jurídicas y las FARC obtengan suficientes garantías de participación, la guerrilla y el gobierno tendrán que lidiar también con la opinión pública, al cabo de un proceso de paz que expresamente ha excluido a la sociedad civil, apuntó María Victoria Llorente, de la Fundación Ideas para la Paz.

La mayor parte de los colombianos "entienden este proceso como una negociación política, pero no están de acuerdo con que se le dé a la guerrilla participación política y exigen que no haya impunidad", indicó Llorente.

AFP