Según el documento, la abolición del fuero militar y la desarticulación de la Justicia Penal Militar “justifican la desmotivación en el combate”.

A “la inseguridad jurídica a que están sometidos los miembros de la Fuerza Pública como consecuencia de la abolición del fuero militar y de la desarticulación de la Justicia Penal Militar” se debería el desmejoramiento de las cifras sobre seguridad, de acuerdo con un informe revelado ayer por el Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda.
De acuerdo con la publicación, esos son los “elementos que justifican la desmotivación en el combate y explican la caída del nivel de sus operaciones ofensivas contra los grupos guerrilleros”.
Según el documento, “la baja de Alfonso Cano no debe ocultar la situación compleja y paradójica de la seguridad en Colombia: no obstante que sigue cayendo lentamente el homicidio, las acciones de la guerrilla se incrementan, los operativos de las Fuerzas Militares disminuyen y la mayoría de los indicadores de seguridad urbana se deterioran”.
Así, el informe cuestiona las explicaciones del Gobierno, argumentando que “no es verdad que el rebrote guerrillero se deba a que esos grupos irregulares hayan sorprendido a las Fuerzas Militares con nuevas formas de operar ni que la caída del nivel ofensivo de las fuerzas del Estado se deba a un proceso de ajuste a esas supuestas nuevas tácticas guerrilleras. Son los factores morales los que están afectando el desempeño operacional de la tropa”.
Las conclusiones del informe avivaron el debate sobre el fuero militar.
Pablo Felipe Robledo, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, reconoció que “como funciona la justicia hoy en Colombia es el mundo al revés. Siempre después de una operación militar llega la Justicia Ordinaria a buscar presuntos errores, cuando son actos que se dan en el marco de una operación militar. La ampliación del fuero es simplemente establecer una presunción que parte de que las acciones se dan en el marco de una orden operacional y tienen relación con el servicio. En ese orden debe ser, en primera medida, la Justicia Militar la que aborde la investigación”.
Sin embargo, también hubo quienes tomaron distancia de estas interpretaciones. Es el caso del director de la Comisión Colombiana de Juristas Gustavo Gallón, para quien “en los últimos 15 años se ha avanzado en Colombia en la corrección de una desviación grande que consistió en establecer que las violaciones a los derechos humanos eran competencia de la Justicia Penal Militar”.
Para Gallón, “hay que preguntarse entonces qué ha cambiado desde ese momento hasta ahora, para que el Gobierno esté impulsando un fortalecimiento del fuero en dirección contraria. Ni las numerosas víctimas existentes en el país ni la comunidad internacional especializada en las supervisión de los derechos humanos entenderían ni aprobarían un retroceso en ese tema”.
“No puede seguir argumentando, para generar impunidad por cuenta del fuero militar ampliado, la tesis de que la tropa se desmoraliza”, comentó a su turno el representante Iván Cepeda, del Polo Democrático.
“Los derechos humanos deben ser entendidos como algo que engrandece a la tropa y no un obstáculo”, agregó.
En desacuerdo se manifestó el senador Juan Carlos Vélez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), que considera que “la batalla jurídica se ha convertido en una forma de frenar el avance de la Fuerza Pública, los vinculan a procesos en la justicia ordinaria donde la capacidad de defensa es limitada y costosa. Los militares ya no se atreven a hacer una emboscada, porque de inmediato recae la duda de si se trata de un falso positivo”.
En ese contexto es que, según el informe, “los secuestros ocurridos en 2011 aumentaron un 10 por ciento con relación al año 2010 (pasando de 209 a 229), pero si se comparan con el año 2009 (158) el aumento en el presente año es de 45 por ciento”.
Como si no fuera suficiente, resalta que “el hurto de automotores ha sido el más alto de los últimos 5 años, exceptuando el 2010; el hurto a entidades financieras el más alto de los últimos ocho años; el hurto a personas, el más alto de los últimos nueve años, y el homicidio el más alto de los últimos seis años, exceptuando el 2010”.
Y hay más, como por ejemplo las acciones violentas contra la infraestructura económica nacional. “Lo preocupante es que los sabotajes del 2011 registran el más alto número de los últimos cinco años (308 casos frente a 215 en 2009)”, consiga el informe.