La mayor parte de expertos, analistas y juristas consultados por EL NUEVO SIGLO, expresa que es una ley inocua porque ya está en la normatividad establecida en la Constitución colombiana. Otros creen que no hace daño pero es una iniciativa innecesaria
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El acto legislativo de implementación de los acuerdos de paz vía fast track, que asegura el monopolio de las armas en el Estado, aprobado por el Congreso, es inocuo e innecesario. Así lo consideraron varios juristas consultados por este medio.
El exfiscal Mario Iguarán dijo que “en mi concepto es innecesario porque está previsto ya en el Código Penal como conductas punibles el hecho entre otras de organizar grupos armados al margen de la ley y la prohibición siempre ha estado afectando el paramilitarismo y la guerrilla”.
Recordó que los paramilitares son grupos organizados al margen de la ley que quieren hacer lo que le corresponde al Estado, y la guerrilla quiere tomarse el poder por medio de las armas, eso innecesario, ya está en la ley“.
El exprocurador Jaime Bernal Cuellar manifestó que la estructura de la Constitución debe regular la organización del país y de los derechos fundamentales, “a mí me parece que prohibir algo que se superentiende que está prohibido porque el monopolio de las armas las tiene el Estado, me parece que es redundar sobre algo que es prohibido y se desprende de las demás normas constitucionales, pero tampoco hace daño en ningún sentido”.
Pero anotó que “seguimos aumentando disposiciones que no se cumplen, y solamente tienen el poder de disuadir, no podemos incluir en la Constitución una gran cantidad de cosas que ya están operando y se sabe que está prohibido”.
No es dañina
Entre tanto el exfiscal Alfonso Gómez Méndez añadió que “no es que sea dañino, no es una norma que haga daño, pero me parece innecesaria porque es repetir lo que ya existe, es repetir la norma que dice que el uso de la fuerza debe estar en manos del Estado, y describir las conductas que configuran el llamado paramilitarismo, eso ya está en el gobierno de Barco en una norma de 1990, incluso en el actual Código Penal”.
“Me parece que es redundar sobre algo que es prohibido y se desprende de las demás normas constitucionales”: Jaime Bernal Cuellar
“Lo que algunos dicen es que tiene el mensaje de reiterar la voluntad del Estado contra el paramilitarismo, pero yo pensaría que más que eso, lo que hay que hacer es cumplir la norma, es decir desvertebrar esas bandas, proteger a los desmovilizados, a los antiguos guerrilleros, a sus familias, a los líderes sociales, pero eso no se logra repitiendo una norma que ya existe, a contrario eso puede dar pie a que la gente piense que antes de la aprobación de ese acto legislativo estaba permitida la conformación de esos grupos ilegales”.
Entre tanto el exministro de Justicia Parmenio Cuellar afirmó, “ambas cosas están prohibidas, no se puede decir que el paramilitarismo no estaba prohibido, ambos eran delitos ya, y por eso los guerrilleros fueron juzgados y sancionados, y muchos guerrilleros están en la cárcel, incluso los paramilitares también”.
Prohibiciones
Expresó que no solo el paramilitarismo está sancionado, sino prohibido penalmente, “pienso que lo que se acordó en La Habana es decir que el Estado se comprometa a no fomentar el paramilitarismo, eso es otra cosa”.
El exfiscal Luis Camilo Osorio recalcó, “eso ya está prohibido, me parece que redundar sobre cosas que están dichas es aceptar que en algún momento la Constitución y las leyes fueron cómplices, o coadyuvantes de las malas prácticas y de los crímenes horrendos que se han cometido por grupos armados, esa es una exigencia no valida de la guerrilla”.
“No creo que vaya a servir para más, si hay gente de bien en las responsabilidades públicas enalteciendo el cumplimiento de los deberes, y desde luego que los mecanismos de seguridad y de colaboración para que la gente tenga cooperación con el Estado, pueden verse afectados y no me parece buen mecanismo para tener una buena legislación”.
Condenas
Entre tanto Gustavo Gallón sostuvo que “la existencia de esa norma puede evitar que el Estado colombiano siga siendo condenado en el futuro, en la medida en que la prohibición constitucional estimule el desarrollo de una sólida política estatal en la materia. Esa política debería prevenir, combatir y sancionar firmemente el paramilitarismo y, sobre todo, la connivencia de servidores públicos con grupos paramilitares. Porque esto último es en esencia lo que amerita que la prohibición esté establecida en la Constitución”.
Señaló que “la Constitución es la carta de navegación del Estado. Por consiguiente, contiene las rutas por las cuales pueden transitar las autoridades, así como los caminos que no deben pisar. El paramilitarismo es uno de esos senderos vedados, porque es la renuncia al monopolio de las armas por parte del Estado. Entraña la autorización para violar los derechos de un sector de la población por parte de fuerzas ilegítimas”.
Señaló que “¿deben prohibirse también los grupos guerrilleros en la Constitución para asegurar el monopolio de las armas? Puede hacerse, aunque es inocuo porque ellos no surgen al amparo del Estado. Los grupos paramilitares sí y por eso deben proscribirse en la Constitución. Negarse a hacerlo sería un acto de torpeza descomunal pues podría convertirse en prueba de la responsabilidad estatal con el fenómeno, además de poner en riesgo la legitimidad de las autoridades. Sería como pegarse un tiro en el pie”.
El exministro de Justicia Yesid Reyes, estableció que “castigar a quien comete un delito es importante para prevenir que esa conducta se reitere en el futuro; pero la sola existencia de una norma prohibitiva (aun sin aplicarla) cumple una importante función en cuanto busca reforzar determinados valores sociales. Incorporar en la Constitución un artículo que prohíba la creación o apoyo a los grupos armados ilegales tiene un contenido simbólico especialmente importante, para disuadir a quienes tienen la tentación de ser permisivos frente a su existencia”.
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