Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos podrán solicitar los anticipos para la financiación de campañas en 2014 sin cambio alguno frente a lo establecido por la Ley 1475 de 2011. No avanza en el Congreso un proyecto que frenaba que recibieran estos recursos por avalar a candidatos inhabilitados.

La iniciativa en mención también prohíbe que las colectividades y campañas se financien con dineros en efectivo.

El proyecto del senador Juan Lozano (34 de 2013 Senado) fue radicado en julio pasado con la intención que sus disposiciones entraran en vigor en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2014. A pesar de que desde el 10 de octubre pasado cuenta con ponencia para que reciba su primer debate,  aún no arranca en la Comisión Primera del Senado.

Una de las razones para esta situación es la carga de proyectos de alto ‘calibre’ que tiene en la actualidad esta célula legislativa, como la introducción del sistema mixto de representación y la ampliación a seis años del periodo de gobernadores y alcaldes.

Al respecto el ponente de dicho proyecto, el senador Carlos Enrique Soto, dijo que “todo lo que tenga que ver con la transparencia es importante, pero en este momento es muy difícil, no hay el tiempo suficiente para discutir proyectos de esta alta importancia”.

Sin embargo también hay que traer a colación que desde el principio de este año, el Gobierno le sugirió al Congreso no dar trámite a proyectos de orden electoral con el objeto de no cambiar las reglas de juego para los próximos comicios.

Propuestas

La iniciativa propone que no tendránderecho al anticipo las campañas electorales, los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban y avalen candidatos que hayan sido sujetos de sanción disciplinaria consistente en destitución o inhabilidad para ejercer cargos públicos, pérdida de investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a los relacionados con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática, contra la administración pública, de lesa humanidad, delitos contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

En cuanto a las fuentes de financiación que están prohibidas a los partidos y a las campañas políticas, el proyecto adiciona a la normatividad vigente las que provengan en dinero en efectivo, salvo “una caja menor que no excederá de ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

También, la iniciativa suma varias causales para la pérdida de la financiación estatal a los partidos, entre otras, cuando se compruebe por la autoridad competente que la procedencia de los recursos es contraria a las contempladas en la ley; así como por no presentar la rendición de cuentas ante el Consejo Nacional Electoral en relación con la declaración de patrimonio, ingresos y gastos de los partidos y movimientos políticos y de las campañas electorales.

Igualmente, el partido o movimiento político perderá la financiación estatal en un 20% cuando avale candidatos a los que se les decrete sanción disciplinaria consistente en destitución o inhabilidad para ejercer cargos públicos, pérdida de investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática, contra la administración pública o de lesa humanidad, delitos contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

La iniciativa también propone que se implemente la ventanilla única de consultas como mecanismo idóneo, eficaz, oportuno, integral y suficiente para facilitar a los partidos y movimientos políticos el acceso a la información de los candidatos que aspiran a ocupar cargos de elección popular, en lo que tiene que ver con investigaciones, condenas y antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, para que sea consultada en cualquier momento previo o posterior a campañas electorales o en actividades donde se requiera la participación política de los candidatos, partidos y movimientos.

Sin embargo, la ponencia del senador Soto considera que las sanciones que prevé el proyecto en materia de financiación estatal ya están contempladas en buena medida por la última Reforma Política. Por lo que pidió darle debate al proyecto en lo correspondiente a  la implementación de la ventanilla única para que los partidos puedan verificar con más facilidad los antecedentes de los aspirantes que piden su aval para las elecciones.