Inminente resurrección de la fiesta brava en España | El Nuevo Siglo
Martes, 12 de Febrero de 2013

Los diputados españoles acordaron someter a debate una petición popular que recogió cerca de 600.000 firmas para proteger las corridas de toros y que podría ser el primer paso hacia el retorno de esta tradición a Cataluña.

El Congreso de los Diputados autorizó con 180 votos a favor, 40 en contra y 106 abstenciones iniciar el proceso parlamentario. Con la mayoría absoluta que tiene en la cámara el gobernante Partido Popular (PP, conservador), es muy posible que la propuesta se convierta en ley próximamente.

La aceptación del debate parlamentario este martes probablemente desemboque en los próximos meses en la declaración de las corridas como "bien de interés cultural", lo que les otorgará una mayor protección legal y económica y dará al Estado una mayor capacidad de decisión sobre esta tradición.

Sus promotores esperan también que este estatus permita a las autoridades españolas reinstaurar las corridas de toros en Cataluña, gran comunidad autónoma del noreste del país.

Ante de la votación, varias decenas de manifestantes, algunos con capotes de torero, se concentraron frente al Congreso de los Diputados, en Madrid, para defender la tauromaquia.

"Hay que reinvindicar la cultura y la tradición de este país", dice Pablo Ruiz, un novillero de 27 años.

"Estamos aquí para defender la libertad", agrega Mario Alcalde, otro aprediz de matador, de 20 años.

Prohibidas en las islas Canarias desde 1991, las corridas desaparecieron de las plazas catalanas el 1 de enero de 2012, tras una ley aprobada por el parlamento regional con los votos nacionalistas y ecologistas. Una decisión que tuvo el efecto de un electrochoque para los defensores de esta tradición.

En respuesta, la Federación de Organizaciones Taurinas de Cataluña recogió 590.000 firmas, superando las 500.000 necesarias en España para presentar a los diputados una proposición de ley.

"La Fiesta de los Toros forma parte de la cultura española global, del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles", afirma la proposición de la Federación, sometida el martes al parlamento español.

"Haré una defensa a ultranza de la importancia artística, cultural, económica y ecológica que tienen las corridas de toros y la tauromaquia en general", explicó a la AFP Juan Manuel Albendea, diputado del Partido Popular (PP, derecha), gobernante en España.

"No es cuestión de ir contra Cataluña. Al revés, queremos que Cataluña vuelva a tener toros por las buenas, no por las malas sino llegando a acuerdos", afirma Albendea, confiando en que la ley entre en vigor "como muy tarde el próximo otoño" boreal.

Un argumento rechazado por los independentistas catalanes, que ven detrás de esta propuesta "una dimensión nacionalista española, de orgullo", en palabras de Alfred Bosch, diputado en Madrid de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El debate llega además en un momento de tensiones entre el ejecutivo español y el gobierno regional, apoyado por ERC y dispuesto a celebrar en 2014 un referéndum de autodeterminación.

"Nosotros no nos rendiremos y lucharemos para preservar una decisión del pueblo de Cataluña a través de sus representantes", subraya Bosch.

Afectadas por la crisis económica española, las corridas son cada vez menos numerosas en España y menos sus "aficionados". Antes de la prohibición en Cataluña, solo las arenas de Barcelona seguían en funcionamiento en la región.

El debate del martes también provocó la cólera de los defensores de los animales, que había aplaudido en su momento la decisión de los diputados catalanes.

"AnimaNaturalis considera que es una barbaridad que se pueda admitir a trámite esta iniciativa para declarar un espectáculo que tortura y mata animales mientras que los problemas que afectan directamente a la sociedad son dejados de lado", dijo esta asociación en un comunicado.

"Está creciendo el clamor popular por el fin de las corridas de toros, y la aprobación de esta proposición no hará más que activar movilizaciones en todo el país", añade su directora en España, Aida Gascón./AFP