Por Cristián Rojas*

En los próximos tres años gran parte de los 12 millones de inmigrantes que hay en Estados Unidos, el paísdel “Tío Sam” podrán obtener permisos laborales y otras garantías que simularán una especie de salvoconducto que demuestra que su deportación no es una prioridad. 

Las medidas sobre inmigración en Estados Unidos fueron recientemente adoptadas por el Gobierno Federal, que no se opone a una nueva ley, ni a una reforma de las normas migratorias que ya se conocen.

Lo que en realidad significa esta acción ejecutiva es un plazo, un periodo de tres años en el que, máximo cinco de los casi 12 millones de inmigrantes ilegales que hay en E.U podrán acogerse a dos programas del gobierno, con el fin de obtener permisos laborales y una especie de salvoconducto indicando que su deportación no es prioritaria para el gobierno.

De esta forma, las personas quedan, por un lado, protegidas de ser expulsadas del país y por otro, con la posibilidad de acceder a beneficios del sistema, porque aunque ya son partícipes de las dinámicas económicas del país, ahora lo serán de manera formal. Por ejemplo: podrán ser contratados sin que las empresas incurran en problemas legales por hacerlo.

¿Por qué solamente cinco millones de los casi 12 inmigrantes ilegales? Porque los programas están dirigidos a un perfil de inmigrante concreto. Por ejemplo, para los llamados dreamers, jóvenes que llegaron a estudiar a Estados Unidos antes de 2010 y con menos de 16 años, uno de los  programas planteados  busca protegerlos para que puedan culminar  sus estudios. Sin embargo, sus padres no están cobijados por esta norma y podrían ser deportados.

Otro grupo es el de los inmigrantes ilegales que han tenido hijos en E.U. Ellos no recibirán  la nacionalidad norteamericana pero sus primogénitos sí. Por eso, considerando la necesidad de que los menores de edad estén dentro de su estructura familiar original, se permite que sus padres se queden en Estados Unidos durante el plazo de los tres años, mientras se toman otro tipo de decisiones con respecto a las normas migratorias. La condición es que lleven más de cinco años en el país y que no tengan antecedentes penales.

Ahora, ¿qué tan buena es la medida?. Es favorable para los cinco millones de personas con las características mencionadas anteriormente, pero, no es tan buena para el resto de inmigrantes. Algunas personas se preguntan si esto va a significar que los otro siete millones de inmigrantes ilegales sean perseguidos de manera implacable. La respuesta, por lo pronto,  es que eso no va a ocurrir, ya que como el mismo Obama lo ha reconocido, las medidas se han tomado bajo la consideración que perseguir millones de inmigrantes, detenerlos, procesarlos y deportarlos supone una gran acción por parte de las autoridades que no están capacitadas para abordar.

Es muy difícil resolver el problema a través de la persecución judicial y policial. Es por ello que  esos siete millones de inmigrantes no se verán perjudicados, solo, que no se tendrán en cuenta dentro de estos programas migratorios.

¿Qué problemas tiene la medida? La oposición. Me parece que de manera legítima tiene algunas críticas como, por ejemplo, que no es justa con quienes han llegado a E.U de manera legal, según las normas vigentes, pues desestimula la  regularización de los procesos de inmigración.

Se teme también que estos programas se implementen sin tomar normas adecuadas en la frontera sur, que tiene los mayores problemas al colindar con México;  por eso, los contradictores prevén que mientras no se tomen unas medidas claras, lo que puede pasar con estas amnistías o prórrogas, es que pueden desatar una ola de inmigración ilegal, aprovechando el discurso que ha manejado el gobierno de Barack Obama.

Otro problema, además político, es que el Congreso que dentro de 15 días tendrá el control de los republicanos, que arrebataron la mayoría en Senado a demócratas, (en Cámara ya lo tenían),  dice que el presidente Obama está enviando un mensaje autoritario y equivocado al tomar medidas sin consultar con el Parlamento o buscar el consenso bipartidista. Ello  genera un desafío porque el Congreso va a encontrar una forma de bloquearlo y una de ellas puede ser obstaculizando la financiación necesaria para este tipo de programas, que requiere forzosamente el aval del legislativo.

Otra cosa que pueden hacer los republicanos es demandar ante los tribunales la acción ejecutiva del Presidente como lo hicieron anteriormente con la ley de la reforma a la salud, la bautizada Obamacare. Ello sería una forma de decirle: “si usted quiere guerra, pues nosotros daremos la pelea en serio”. En ese sentido demandarían la acción al considerarla inconstitucional.

Esos serían algunos de los desafíos políticos que tiene la medida.

También está el desafío ante la opinión pública y aunque no hay suficientes sondeos por el momento, los hechos públicos señalan un lógico apoyo a las medidas sobre inmigración. Sin embargo, las respuestas sobre la gestión del presidente Obama revelan que la percepción positiva de su gobierno no ha cambiado sino en un punto porcentual.

 Se puede decir entonces que el presidente Obama está arriesgando mucho de cara a la opinión pública, precisamente para recuperar algo de su imagen, debilitada por múltiples factores, y de cara a las elecciones presidenciales. Como están las cosas, parece que el costo político de su anuncio a favor de regularizar a los inmigrantes sin papeles será mayor al favor y fervor ciudadano.

*Profesor de la Universidad de La Sabana