Organizaciones proinmigrantes exigieron a Barack Obama usar inmediatamente su poder ejecutivo para brindar alivio a millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, aumentando la presión sobre el presidente, que prometió actuar antes de fin de año.
"Llegó el día en que el presidente de Estados Unidos debe ejercer su liderazgo y autoridad y poner fin a la crisis que afecta" a más de once millones de indocumentados en Estados Unidos, dijo en Miami María Rodríguez, directora de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, que agrupa a medio centenar de organizaciones.
"El momento de dar alivio es ahora mientras esperamos que el Congreso haga lo que tiene que hacer", dijo de su lado en la rueda de prensa el arzobispo de Miami, Thomas Wenski.
Ante el bloqueo en el Congreso de una reforma migratoria que abra una vía para regularizar a los indocumentados, en su mayoría latinoamericanos, Obama ha prometido medidas ejecutivas, pero las postergó hasta después de las elecciones legislativas del martes, causando malestar en las organizaciones proinmigrantes.
El miércoles, un día después de esos comicios, en los que la oposición republicana dio una paliza a los demócratas de Obama y se hizo con la mayoría total del Congreso, el mandatario aseguró que antes de fin de 2014 emitirá decretos en materia migratoria.
"Antes de fin del año, vamos a tomar toda acción legal posible que yo considere mejorará el funcionamiento de nuestro sistema migratorio", aseguró Obama.
Las organizaciones reclaman principalmente que se detengan las deportaciones de indocumentados, que han llegado a cifras inéditas durante la administración actual (más de 2 millones de personas), y que se les otorgue permiso de trabajo.
"Le pedimos al presidente que detenga la máquina deportadora y amplíe el DACA", señalaron en un comunicado Erika Andiola y César Vargas, dirigentes de una coalición que defiende a los "dreamers" (hijos de inmigrantes), en referencia a un programa del gobierno de Obama que otorgó un permiso temporal a medio millón de jóvenes para estudiar y trabajar.
Los activistas admiten que la mejor solución es una ley que reforme cabalmente el sistema migratorio. Pero son pocas las posibilidades de que una legislación así sea aprobada en un Congreso de mayoría republicana, cuando los conservadores de ese partido consideran que equivaldría a una amnistía a inmigrantes que viven ilegalmente en el país.
"Necesitamos que el Congreso actúe, pero mientras tanto, necesitamos que el presidente dé alivio a los millones de inmigrantes y para nosotros ese no es un asunto de política, es un asunto humanitario", agregó el arzobispo Wenski.