El proyecto de reforma constitucional a la Justicia Penal Militar entró en la recta final en el Senado de la República. Ya comenzaron su debate y fueron presentadas las ponencias radicadas.

En la ponencia presentada por la coalición de Gobierno se dice que el Tribunal de Garantías deberá estar integrado de manera equilibrada por un número de magistrados que incluya a miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, y deberán cumplir con los requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tendrán el mismo periodo de éstos últimos y estarán sometidos a las mismas inhabilidades.

La ponencia establece el mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento para su elección y demás aspectos para el funcionamiento del Tribunal de Garantías.

Durante la discusión estuvo el general Edgar Peña, quien hizo parte de la comisión que preparó el proyecto de ley presentado ante el Legislativo.

El oficial subrayó que indudablemente la Justicia Penal Militar necesita una reforma para mejorar la jurisdicción que, en su concepto, ha ido en decadencia. Anotó que el papel del Tribunal es que se haga justicia pero sin ningún privilegio y que no haya impunidad.

También aclaró que hay un capítulo especial para la Policía, para que actúen jueces de policía y para el caso de los militares, jueces castrenses. “Hoy en día hay jueces policiales que juzgan casos de militares, cuando son casos totalmente diferentes”, dijo.

El texto de ley establece además que en ningún caso la Justicia Penal Militar conocerá de los crímenes de lesa humanidad, del genocidio ni de los delitos que de manera específica, precisa y taxativa defina una ley estatutaria. Salvo los anteriores, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares.

Igualmente establece los delitos que no serán juzgados por la Justicia Penal Militar: los de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra la población civil, y reclutamiento o uso de menores, que son aquellos cuya comisión rompe el nexo de la conducta con el servicio.

También se conoció que dentro del texto en estudio se establece que de manera automática casos que revistan las características de los llamados “falsos positivos” pasarán a ser competencia de la Justicia Penal Militar. Los ponentes consideran oportuno el artículo transitorio introducido en la Cámara.

Por su lado el representante a la Cámara Miguel Gómez Martínez, del Partido de La U, señaló que las Fuerzas Militares en verdad requieren de una protección especial y que el fuero militar de ninguna manera se puede considerar como un privilegio. “Aún tengo mis dudas, pero ahora está en el Senado, a mí me parece que aún está flojo, vamos a ver si lo mejoran”.

Otro de los puntos que sobresale en la ponencia mayoritaria, es el que tiene que ver con los centros de reclusión para los militares, y se especifica: “Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos, y a falta de éstos en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública”.

El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón concluyó que hoy en día lo que ocurre con los integrantes de la Fuerza Pública es que tienen mucha preocupación al momento de actuar y hacerlo con contundencia, por las investigaciones en que puedan verse incursos.

El senador del Polo Democrático Alternativo Parmenio Cuellar explicó porqué en su ponencia pide el archivo.

El congresista considera que la norma, tal como está, es suficiente garantía para que los militares tengan derecho a una justicia garantista como la tienen todos los colombianos. “Creo que esas reformas ponen en peligro la misma Justicia Penal Militar, porque pueden envilecerla, la pueden desacreditar mucho más de lo que ha sido hasta este momento”.

Cuellar indicó que por eso cree que es mejor el archivo del proyecto que ya empezó a ser tramitado en la Comisión Primera del Senado.