Un estudio del centro conservador Fundación Heritage divulgado considera que la reforma migratoria a debate en el Congreso estadounidense provocará a largo plazo un aumento de 6,3 billones de dólares del déficit público.

El estudio fue publicado en víspera de la apertura del periodo de enmiendas al proyecto de reforma que fue presentado conjuntamente por cuatro senadores demócratas y republicanos.

Ese proyecto propone una posibilidad de obtener la ciudadanía para aproximadamente once millones de indocumentados, bajo varios requisitos y tras trece años de espera, durante los cuales no tendrán derecho a ninguna ayuda pública.

El estudio de Heritage parte del principio que si bien los indocumentados empezarán por pagar impuestos si se registran legalmente, cuando obtengan la nacionalidad pasarán a ser beneficiarios netos.

Tras calcular que un "exindocumentado" recibirá como media esos beneficios durante medio siglo, si se incluye su pensión, el estudio señala su coste en 9,4 billones de dólares, mientras que sus impuestos ascenderán a 3,1 billones.

Esos inmigrantes "generarán un déficit fiscal durante sus vidas de 6,3 billones" asegura el texto.

El informe es una versión actualizada de un texto cuya publicación en 2007 ayudó a descarrilar el último intento de reforma migratoria en el Congreso.

"Si se aprueba la amnistía, el inmigrante ilegal recibirá como promedio 592.000 dólares más en beneficios gubernamentales a lo largo de su vida de lo que pagaría en impuestos", explican los autores, que rechazan el término reforma migratoria.

Los autores advierten además que no tienen en cuenta el coste de los familiares que esos indocumentados podrían hacer venir al país.

Otro estudio conservador, del senador republicano Jeff Sessions, opuesto a la reforma, considera que a largo plazo el proyecto beneficiará en realidad a 30 millones de personas.

El proyecto de reforma, apoyado por el presidente Barack Obama, establece una vía particular de legalización en cinco años para los jóvenes que llegaron como menores al país, mayores cuotas de entrada para trabajadores con estudios superiores, para los agrícolas, y crea además una categoría nueva de trabajadores no especializados.

"Muchos conservadores creen que si un individuo tiene un trabajo y trabaja duro, inevitablemente será un contribuyente neto. En nuestra sociedad, eso dejó de ser cierto hace mucho tiempo", explicó el texto.