En medio de la tormenta política y jurídica por las declaraciones de una líder de una congregación religiosa, según la cual no pueden subir a los púlpitos aquellos a quienes les falta un miembro de su cuerpo, se radicó ayer un proyecto de ley que pretende sancionar a quienes discriminen a las personas en situación de discapacidad.

La iniciativa fue radicada por el senador Juan Manuel Galán. Para que norma -si es aprobada- no sea un saludo a la bandera, en el proyecto de ley se contempla la creación de una comisión que vigile su cumplimiento.

“Es una iniciativa que obedece a una omisión, a un error que se cometió en la ley anti-discriminación, que no incluyó la penalización contra quienes discriminan a las personas discapacitadas”, explicó Galán.

Señaló que lo que se está observando en la práctica es que hay mucha discriminación y por eso se tiene que hacer con prontitud un ajuste a la legislación para que las personas con discapacidad física no sean rechazadas.

Las sanciones que se proponen son las mismas que se han establecido para otros casos donde se evidencia discriminación por motivo de raza, género u otros aspectos. Lo que se quiere es que exista una concordancia de sanciones en todos los casos de afectación o violación de los derechos a la igualdad.

Según el congresista un ejemplo claro de cómo persiste esta afectación se da en el transporte público, porque hay muchos taxistas que se rehúsan a llevar pasajeros discapacitados.

Incluso habría cierta discriminación para las personas que quieren acceder a cupos universitarios o a fondos de educación. “Me han contado de casos en donde no les permiten (a los discapacitados) comer en el mismo sitio donde comen los demás niños y los envían a unos sitios distintos”, agregó.

Reacciones

Como se dijo, la polémica alrededor de los derechos de los discapacitados se prendió al conocerse un video en el que la líder de la  iglesia de “Dios Ministerial de Jesucristo Internacional”, María Luisa Piraquive, sostiene que a estas personas no se les debe permitir ser pastores.

Al ser consultado sobre este caso y el proyecto de ley, José Alejandro Holsman, unos de los representantes de las agremiaciones de personas en condición de discapacidad, reveló que interpuso ya una tutela para que Piraquive se rectifique. 

Según Holsman es verdad que se han sentido discriminados al momento de tomar transporte público o al querer acceder a un crédito educativo. Manifestó que el ser cuadripléjico le ha impedido entrar a la secundaria y tener los mismos derechos que la población en condición normal.

“La tasa de desempleo (de los discapacitados) duplica a la de la población nacional, y los medios de transporte masivo no están bien diseñados para las personas discapacitadas. En este orden de ideas encontramos que la población discapacitada está totalmente marginada… Además no puede entrar a la educación superior, solo el 1 por ciento lo hace”, dijo.

Otro factor, según explica Holsman, es el imaginario colectivo. Recordó que en algunos taxis le han dicho que se tiene que bajar porque ellos no transportan a las personas con una discapacidad. “Eso se convierte en una agresión psicológica”, dijo.

Propuso que para que este nuevo proyecto de ley no sea solo un saludo a la bandera, que también participe la Fiscalía General para que dé prioridad a todos los delitos relacionados con la discriminación a los discapacitados.

A su turno, Domingo de Espriella, periodista de profesión y quien actualmente se encuentra en silla de ruedas debido a una parálisis, indicó que él sí ha sentido discriminación en el transporte público ya que muchos de los taxistas de Bogotá no lo transportan y por ese motivo en muchas ocasiones prefiere no salir de su casa. Agregó que al momento de buscar un empleo ha sentido el rechazo.

Planteó que existan sanciones a los establecimientos públicos y entidades del Estado que no implementen medidas para atender al discapacitado, como la instalación de ramplas.

Entretanto, Carmen Peñaranda, experta en las políticas públicas para esta población, explicó que lo que se pretende es que se sancionen los actos de discriminación, con prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos.

“La Corte Constitucional hizo un estudio de los grupos que han sido discriminados y dentro de esos grupos aparecen las personas discapacitadas”, explicó. Peñaranda manifestó que lo más sorprendente es que el Congreso haya sacado una ley que proteja a las personas discriminadas por raza, género o por religión y que se hayan excluido a los discapacitados.