Por promover y auspiciar grupos paramilitares, la Procuraduría General, mediante fallo de única instancia, destituyó e inhabilitó por 20 años para el ejercicio de cargos públicos a Enrique Emilio Ángel Barco y Dixon Ferney Tapasco Triviño, en sus condiciones de representantes a la Cámara para la época de los hechos.

En la investigación se estableció que los entonces congresistas accedieron a sus cargos gracias a los vínculos establecidos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia comandado por Iván Roberto Duque Gaviria, alias “Ernesto Báez”, previo a las elecciones de 2006.

Para el Ministerio Público es claro que en el departamento de Caldas se produjo una injerencia de la Autodefensas Unidas de Colombia en las esferas política, social y económica con el propósito de fortalecer y expandir su proyecto político paramilitar, influir en las decisiones más importantes y de mayor trascendencia del Estado y favorecer su situación jurídica particular, mediante alianzas con Ángel Barco y Tapasco Triviño en aras de alcanzar una curul en el Congreso para los comicios de 2006.

Con respecto al señor Emilio Ángel Barco, la Procuraduría encontró que este asistió a reuniones con varios jefes paramilitares para acordar la promoción y el auspicio del grupo paramilitar a cambio de beneficios electorales, lo cual constituye una falta disciplinaria.

Agrega el despacho del procurador general que el señor Emilio Ángel Barco “aceptó su responsabilidad en el ilícito de concierto para delinquir ante la justicia penal especializada que allí se le imputó, en razón a sus vínculos con los grupos de autodefensa, motivo por el cual fue condenado mediante fallo proferido el 8 de agosto de 2008 por el Juzgado penal del Circuito Especializado de Manizales”.

Con respecto al señor Tapasco Triviño, el órgano de control encontró que pese a que fue su padre, máximo representante del Partido Liberal en Caldas, quien asistió a varias de las reuniones con integrantes del grupo ilegal, está demostrada su participación en el acuerdo con el grupo paramilitar, pues la ejecución de este pacto no habría sido posible de no contar con su consentimiento. 

Concluye la Procuraduría que la vinculación de estas personas con grupos armados al margen de la ley, en el ejercicio de cargos de elección popular, obedeció a la confluencia de intereses de cada una de las partes involucradas en el acuerdo pactado.

El Ministerio Público señaló que contra esta determinación disciplinaria procede el recurso de reposición.