Por incurrir en la causal de mala conducta consagrada en el artículo 107 de la Ley 115 de 1994, la Procuraduría, en fallo de primera instancia, sancionó con destitución e inhabilidad por el término de quince años a Ariel Isaías Arteaga Díaz, en su condición de gobernador (e) del departamento de Córdoba.

La falta se configuró al expedir el Decreto 936 del 6 de diciembre de 2007, por medio del cual designó unos docentes provisionales por fuera de la planta aprobada para el departamento de Córdoba, sin contar con los estudios técnicos financieros que se requerían y sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas que regulan la materia.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa consideró que este hecho generó una evidente perturbación en el servicio público educativo del departamento de Córdoba, en la medida en que se sobrepasó el tope de la planta docente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional financiada con recursos del Sistema General de Participaciones.

La entidad territorial no contaba con los recursos para el pago de los docentes provisionales nombrados por el cuestionado decreto, razón por la cual la siguiente administración departamental tuvo que declarar la insubsistencia de esas provisionalidades.