EL Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Pereira (Risaralda) inhabilitó a la juez Segunda Penal Municipal de Garantías de Quibdó (Chocó) Elizabeth Quejada Mayo, para dictar clases en la Universidad Tecnológica chocoana luego de imponerle medida de aseguramiento no privativa de la libertad dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por la presunta falsificación de títulos profesionales.

La medida de aseguramiento impuesta contra la funcionaria judicial, según el juzgado tiene que ver con nueve (9) delitos de falsedad, fraude procesal y ocultamiento, alteración o desviación de elemento material probatorio. Hechos por los que le prohibió acercarse la Universidad Tecnológica de Chocó y acercarse o contactar a los testigos y demás implicados en el proceso.

Según la investigación la jueza en su calidad de docente del claustro universitario habría firmado cinco actas de sustentación de trabajos de grado inexistentes; sobre los cuales Quejada Mayo explicó que tres de ellos los firmó porque la decana le pidió el favor y que las otras dos las firmó en su lugar de residencia.

En la misma decisión el juzgado impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad a 6 estudiantes por cargos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y cohecho por dar u ofrecer y la prohibición de ejercer como abogados

Los seis estudiantes afectados con la decisión son: José Aristides Herrera Mena, Caleth Leudo Palacio, Maira Yulenny Martínez, Gira Tatiana Moreno, Brilli Janeth Morteno y Rinzon Vivas.

Por los mismos cargos el juzgado ordenó la libertad de 4 estudiantes que no se han graduado, Jorge Jair Córdoba y Jhon Mario Diaz Cañadas, con inferencia razonable y David Humberto Moreno y Yesseli Montenegro sin inferencia razonable

En el caso del profesor del alma mater, Yarbin Seider Conto, hoy defensor público, el juzgado no impuso medida de aseguramiento por los cargos de falsedad en documento público y fraude procesal, aunque seguirá vinculado en la investigación.

Dentro de la investigación adelantada por la Dirección de Fiscalía Seccional de Chocó por la falsificación de más de un centenar de títulos profesionales de abogados en hechos ocurridos entre 2014 y 2015, han sido imputadas 21 personas, entre ellas la entonces decana Irina Belén Londoño Asprilla, quien aceptó los cargos.