El impulso definitivo que requieren las grandes obras de infraestructura, será con las apropiaciones de las vigencias futuras como soporte de las alianzas público-privadas, APPs.
Así lo considera la calificadora Fitch Ratings en un análisis sobre las herramientas que requiere el sector a partir del 2014. La agencia calificadora considera que tanto el historial del uso de vigencias futuras a nivel soberano, así como la dinámica favorable de las finanzas públicas colombianas en los últimos años, y la armonización de este instrumento presupuestal con la planeación del mediano y largo plazo bajo la regla fiscal, hacen que los riesgos para las cuentas fiscales y calidad crediticia sean limitados.
Con el despegue de las grandes obras de infraestructura, y con la adjudicación de obras durante el primer semestre del 2014, Fitch espera que las vigencias futuras ocupen un lugar preponderante en el soporte plurianual de los mismos. Señala la agencia que “las vigencias futuras son una figura fundamental del presupuesto de gasto público y se constituyen como una herramienta sólida en la planeación de largo plazo”.
Considera la calificadora que “dado el claro marco jurídico y el historial de su aplicación en la planeación fiscal, incrementa la certidumbre que estas puedan convertirse en un mecanismo confiable para proyectos de infraestructura, así como también otros con impacto social y económico”.
En el orden soberano, Fitch considera que la incorporación de vigencias futuras para amparar proyectos de APPs no debería representar un riesgo para la calificación crediticia de Colombia, ya que estas se harán tomando en cuenta los objetivos fiscales a mediano plazo del soberano.
Estas asignaciones presupuestarias están enmarcadas en la planificación y predictibilidad del gasto público bajo los principios de la regla fiscal.
De otra parte, el crecimiento económico, la recuperación de los precios de materias primas y el manejo conservador de las finanzas públicas han llevado a la moderación del déficit fiscal y a que la deuda del gobierno mantenga una trayectoria descendente, actualmente se encuentra en niveles ligeramente inferiores a la mediana de la categoría ‘BBB’.
Adicionalmente, la menor carga de intereses y el mayor gasto en capital reflejan una tendencia positiva en la composición del gasto público, lo cual brinda espacio para incluir inversiones, como infraestructura, en la trayectoria fiscal a mediano plazo. En este sentido, un gasto corriente bajo control será importante para mantener el espacio del gasto en inversión.
Por otro lado, en el ámbito territorial, luego de la claridad alcanzada por parte de la Contraloría General de la República, el marco regulatorio para las vigencias futuras excepcionales queda plasmado en la Ley 1483 de diciembre de 2011.
En el análisis crediticio de gobiernos locales y regionales, Fitch ha depurado los recursos que por vigencias futuras se autorizan, descontándolos de los ingresos que sirven de base para el cálculo de los indicadores de ajuste fiscal, como de capacidad de endeudamiento impartidos por la normatividad y demás ratios que la calificadora estudia.
No obstante, a nivel subnacional, un rápido incremento en la asunción de vigencias futuras podría restar flexibilidad presupuestal en el margen de endeudamiento, puesto que el respaldo de tales vigencias futuras consume ingreso base para la capacidad de endeudamiento territorial.
En este caso, tanto el ahorro operativo como los indicadores de apalancamiento, coberturas, solvencia y sostenibilidad se presionarán aun sin necesidad de aumentar el saldo de la deuda.
Pese al aumento esperado en el uso de la herramienta de gasto de inversión, se espera de igual forma que esquemas de Asociación Público Privado despeguen en el mediano plazo. El régimen jurídico de las APPs se presentó a comienzos de 2012 justo al inicio de las nuevas administraciones locales que no solo tenían que elaborar y conseguir aprobar sus propios planes de desarrollo territorial sino que además tuvieron que entender el nuevo esquema del Sistema General de Regalías SGR.