Críticas a la elección de los 51 magistrados, duros señalamientos del Fiscal a la ley estatutaria, Cambio Radical votará en contra y la CPI sigue con la mira encima
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Tormentoso. Así es el panorama para el sistema de justicia transicional que fue pactado por el gobierno Santos y las Farc hace un año y cuya puesta en marcha ha sido tan accidentada que el propio fiscal general Néstor Humberto Martínez no duda en advertir que sólo empezaría a producir en 2019 sus primeros fallos sobre guerrilleros, militares, policías y civiles que hayan cometido delitos graves y atroces en el marco del conflicto.
Una prueba de esa coyuntura complicada se dio esta semana, cuando todo el mecanismo para activar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) hizo agua.
De un lado, el martes pasado el Comité de Escogencia (pactado por el Gobierno y las Farc en el acuerdo de La Habana) dio a conocer los nombres de los 38 magistrados titulares y los 13 suplentes que integrarán el Tribunal de Paz y las salas de la JEP.
Ya desde muchos meses atrás varios sectores habían advertido que el procedimiento de escogencia de estos magistrados no era el más adecuado técnicamente como tampoco había garantía de imparcialidad de los integrantes del Comité, ya que varios de ellos eran claramente de izquierda.
Ese comité estuvo integrado por Claudia Vaca, designada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado; el magistrado José Francisco Acuña, seleccionado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Diego García Sayán, designado por el Secretario General de Naciones Unidas; Álvaro Gil-Robles, escogido por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos; y Juan Méndez, designado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).
Las dudas que existían sobre la imparcialidad del comité y el mecanismo de selección de los 51 magistrados crecieron cuando se conoció el listado final de 78 preseleccionados, pues inicialmente se postularon más de 2.000 personas, entre ellas muchos juristas de primer nivel que fueron descartados sin que se explicara por qué.
Pero la polémica fue mayor el martes pasado cuando se anunciaron los nombres de los 51 magistrados. Aunque el Comité de Escogencia y el Gobierno defendieron la probidad de todos los seleccionados, partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y otras colectividades y sectores políticos, económicos, sociales e institucionales denunciaron que había en muchos de los escogidos un sesgo político e ideológico evidente de izquierda. Incluso se trajeron a colación opiniones de varios de ellos contra líderes y partidos de la centroderecha.
Así las cosas, los magistrados de la JEP, sin haber siquiera tomado la primera decisión procesal, arrancan bajo la lupa de la sospecha y el temor de muchos sectores en torno a que el Tribunal de Paz termine enjuiciando bajo prejuicios políticos e ideológicos a integrantes de la Fuerza Pública y civiles, desconociendo que los mayores victimarios y violadores de derechos humanos fueron las Farc.
Peros a ley reglamentaria
Un segundo flanco débil de la JEP se evidenció esta semana en el Congreso durante el trámite del proyecto de ley estatutaria que reglamenta esta jurisdicción excepcional.
En las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, en donde la iniciativa se tramita bajo la modalidad de ‘fast track’, el fiscal Martínez no sólo denunció la aparición de una serie de “micos” en el articulado, sino que puso sobre la mesa no menos de 15 proposiciones para ajustar urgentemente el proyecto.
El Fiscal denunció que tal como estaba redactado el proyecto no quedaba claro cómo se podía obligar a las Farc a denunciar a sus testaferros y entregar toda la fortuna ilícita que conservan. También denunció que muchos de los reinsertados estaban recibiendo su paz y salvo judicial y luego se estaban integrando a las bandas criminales y carteles del narcotráfico. Igualmente señaló que era necesario cerrar la lista de desmovilizados porque las Farc seguía metiendo nombres y crecía el riesgo de los ‘colados’.
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Según Martínez también es imperativo señalar que la JEP no es una justicia paralela a la ordinaria y que debe tener carácter de transitoriedad. Por igual urgió mecanismos en la ley estatutaria para quede claro que cualquier desmovilizado reincidente en el delito o que oculte bienes perderá los beneficios de la justicia transicional y pasará a ser juzgado por la jurisdicción ordinaria.
En ese mismo debate, el partido Cambio Radical anunció que no votará este proyecto por considerar que “premia de manera significativa y desequilibrada a los desmovilizados de las Farc”. También recalcó que ante la JEP la justicia ordinaria debe preservar su autonomía e independencia, al tiempo que rechazó la composición del Tribunal Nacional de Paz.
“Con contadas excepciones, la mayoría de los recién nombrados magistrados tienen una clara tendencia política que, de entrada, no generan ninguna clase de garantías para la sociedad civil por el claro prejuzgamiento que tienen sobre las acciones ocurridas en relación con el conflicto interno armado”, recalcó el partido.
Igualmente el Centro Democrático se fue lanza en ristre contra este proyecto. El senador Alfredo Rangel denunció que no hay mecanismos para castigar a los reincidentes y tampoco para presionar la develación de testaferros. Dijo que la JEP no tendrá ningún tipo de límite jurisdiccional, las víctimas no podrán apelar las sentencias y se mantiene la habilitación para participar en política a todos los procesados. Agregó que los militares y policías que sean juzgados quedan en clara desventaja judicial frente a los guerrilleros.
Otros parlamentarios de los partidos Conservador, liberal, La U y verdes también anunciaron peros. Aunque los ponentes y el Gobierno anunciaron que incorporarán correctivos al articulado, las Farc se oponen a los mismos. Así las cosas, al proyecto se le agota el tiempo y sumar los votos necesarios para su aprobación no será nada fácil.
CPI analiza
El tercer flanco débil de la JEP que se evidenció esta semana es que no hay claridad sobre si este sistema de justicia transicional cumple con los estándares del Estatuto de Roma.
Como se sabe, la Corte Penal Internacional, cuya fiscal estuvo hace tres semanas en Colombia, sigue pendiente de la estructuración de la JEP y de su activación, con el fin de determinar si sus fallos contra los culpables de delitos graves y de lesa humanidad no implican altas dosis de impunidad.
A ello se suma, que la CPI le tiene la mira encima a la forma en que se juzgarán los llamados ‘falsos positivos’ y cómo se determinará el principio de “responsabilidad de mando” de los jefes militares y policiales en cuyas jurisdicciones se cometieron estos delitos.
Y, como si todo lo anterior fuera poco, aún si el Congreso aprobara el proyecto estatutario de la JEP, los nuevos magistrados tendrán que redactar otra iniciativa con su reglamento, que tendría que ir al Congreso. Eso implica que la jurisdicción no arrancará este año ni a comienzos del próximo, aunque el Gobierno busca una vía jurídica para que pueda hacerlo.
Además, aún falta que la Corte Constitucional dé el visto bueno al acto legislativo que creó esta jurisdicción. Si llega a caerse algún artículo importante, eso impactaría tanto al proyecto estatutario como el reglamentario.
Como se ve, la JEP aún está en obra gris y las grietas en lo poco construido ya se empiezan a agrandar.
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