La destitución este miércoles de cuatro magistrados que declararon inconstitucional la depuración de la Policía, infiltrada por el crimen organizado, puso a Honduras en riesgo de una crisis por enfrentamiento de poderes, tres años y medio después del golpe de Estado.

En un ambiente tenso, con el edificio legislativo rodeado por decenas de militares, el Congreso destituyó, con los votos de 97 de los 128 diputados, a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, en una extensa reunión que se prolongó hasta la madrugada de este miércoles.

"Es delicadísimo lo que hemos detectado (de los cuatro magistrados), preocupante para el Estado de Honduras, prácticamente (hay) una conspiración" de ellos, aseguró en la sesión el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, del gobernante Partido Nacional (PN, derecha).

Algunos políticos y medios locales calificaron la separación de los jueces como un "golpe técnico" contra el Poder Judicial ejecutado por el Congreso en acuerdo con el presidente Porfirio Lobo.

El conflicto surgió hace dos semanas luego de que cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional fallaran contra la disposición legislativa de someter a pruebas antidrogas y al detector de mentiras a policías, medidas que forman parte del proceso de depuración del cuerpo -de 14.500 efectivos-, impulsado por el gobierno.

La Sala falló en ese sentido al acoger un recurso de un abogado defensor de la policía contra esa medida que, según argumenta, obliga a declarar contra uno mismo. Pero como no fue adoptado por unanimidad, según la legislación hondureña, el caso debe ser resuelto por los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un plazo que se cumple esta semana.

La decisión de la CSJ es entonces aguardada con gran expectativa, pues el conflicto podría derivar en un abierto enfrentamiento entre los tres poderes del Estado.

Un alto funcionario cercano a Lobo aseguró a la AFP que la CSJ, que tenía previsto tomar la decisión este miércoles, podría posponer la sesión "para que bajen las tensiones" y llegar a un acuerdo, aunque la versión no había sido confirmada oficialmente.

Lobo, Hernández y el presidente de la Corte, Jorge Rivera, "han estado hablando para evitar una crisis institucional", aseveró la fuente, que pidió el anonimato.

Lobo criticó el sábado a la Sala de lo Constitucional por su decisión que afecta el proceso de depuración policial y denunció la existencia de un "complot" para derrocarlo como ocurrió con el presidente Manuel Zelaya el 28 de junio del 2009.

"Los magistrados, al fallar así, están en contra de su propio país”, subrayó el presidente hondureño.

Según abogados constitucionalistas, el Congreso elige a los magistrados por siete años con la posibilidad a una reelección y sólo pueden ser sustituidos por muerte, incapacidad o causa legal no precisada.

El jefe de la bancada del Partido Liberal (PL, derecha, principal de oposición), José Alfredo Saavedra, advirtió que "el Congreso se extralimitó en sus atribuciones”.

El candidato presidencial del PL para las elecciones de 2013, Mauricio Villeda, estimó que "el Congreso no tiene facultades para intervenir el Poder Judicial". Pero 31 de los 46 congresistas de su partido apoyaron la destitución de los jueces.

"Este hecho (del Congreso) es gravísimo porque evidencia una conducta antidemocrática y representa las ansias de controlar el país con una visión estrictamente de poder absoluto", afirmó German Leitzelar, diputado del minoritario Partido Innovación y Unidad (socialdemócrata).

El comisionado de Derechos Humanos, Ramón Custodio, opinó en un comunicado que "los hombres no deben ubicarse por encima de las leyes y la acción del Congreso es un mal ejemplo de civismo y lamentablemente echan a perder los esfuerzos para salvar la democracia hondureña".

En los cinco partidos que forman el Congreso hay votos a favor y en contra de la destitución de los magistrados. Tras la votación, los diputados nombraron a los cuatro sustitutos.

El proceso de depuración fue ordenado por Lobo luego de que hace un año la Fiscalía denunciara que sedes enteras de la policía estaban involucradas en el tráfico de drogas, secuestros, robo de autos, extorsión y otros delitos.

Según un informe de las Naciones Unidas, Honduras es el país más violento del mundo, con 92 homicidios por cada 100.000 habitantes.