El gobierno estadounidense y la oposición republicana se enzarzaron este miércoles en una disputa sobre el número de indocumentados sin deportar que son liberados, a la espera de una decisión judicial, una cifra clave para evaluar el éxito de la política migratoria.

Líderes republicanos en la Cámara de Representantes exigieron a principios de noviembre al gobierno que les entregue los nombres e información de unos 300.000 inmigrantes ilegales que según sus datos están libres en las calles desde 2008, y que podrían haber cometido crímenes.

Una audiencia de un subcomité de asuntos migratorios de la Cámara fue el escenario de ese forcejeo sobre el número real de personas que viven sin papeles en Estados Unidos, y que ya están fichados.

"Desconozco esa cifra que usted ha divulgado, de 300.000 indocumentados criminales que están de vuelta en las calles", señaló en la audiencia Gary Mead, director ejecutivo asociado de Operaciones de Deportación de la agencia de Aduanas e Inmigración (ICE).

Mead respondió así al jefe del comité, el republicano Elton Gallegly, que ha enviado junto a colegas suyos una citación legal al gobierno para que entregue esa información.

Gallegly insistió en conocer cuál es el criterio de peligrosidad para dejar a un indocumentado libre una vez ha sido detenido.

El gobierno federal anunció recientemente que iba a revisar los casos de deportación pendientes en los tribunales para dar prioridad a los considerados peligrosos.

Esos casos pendientes son 300.000, lo que los republicanos asimilan a casos criminales.

"Sería extremadamente raro que dejáramos libre de forma consciente a un criminal con cargos serios", añadió Mead.

Los republicanos, partidarios de endurecer la caza de indocumentados en Estados Unidos, critican esa política actual de prioridades de ICE.

Otro líder republicano, el representante Lamar Smith, jefe del comité de asuntos judiciales, exigió de nuevo a Mead que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) entregue esa información.

Mead aseguró que el Departamento trabaja en ese sentido.

La citación (subpoena) tiene valor legal y obligatorio, y supondría entregar la información personal de esos 300.000 casos pendientes ante la justicia, que para los republicanos equivalen a casos criminales, sin matices.

Mead recordó que el gobierno de Barack Obama está deportando números récord de indocumentados, cerca de 400.000 el año pasado.

En Estados Unidos viven unos 11 millones de inmigrantes sin papeles, según cálculos oficiales.

AFP