España, donde la corrupción indigna a los ciudadanos, se convirtió el miércoles en el último gran país europeo en dotarse de una ley de transparencia de la vida pública, considerada insuficiente por las ONG.

La ley, aprobada en diciembre de 2013, entró en vigor el miércoles y determina las reglas de comportamiento de los altos funcionarios.

El gobierno creó un "portal de transparencia" (transparencia.gob.es) para consultar en línea las ofertas públicas, la remuneración de los ministros y altos funcionarios, o las subvenciones a los partidos políticos. Los ciudadanos podrán pedir acceder a más informaciones.

"Tanto la Unión Europea como la mayoría de sus Estados miembros cuentan ya en sus ordenamientos jurídicos con una legislación específica que regula la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. España no podía permanecer por más tiempo al margen", reconoce el preámbulo de la ley.

En una clasificación sobre el derecho a la información elaborada por las ONG Access Info y Center for law and democracy, esta ley está en la 64ª posición de los 100 países estudiados, por detrás de Gran Bretaña (29ª) y Estados Unidos (44ª), pero por delante de Francia (86ª) y Alemania (97ª).

"La ley no es buena, pero es un primer paso. Espero que a largo plazo pueda haber un impacto sobre la corrupción", declaró a la AFP Victoria Anderica, de Access Info Europe, que le señala varios fallos.

En primer lugar, el texto no reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental, se lamenta. "El alcance es muy limitado" porque no cubre los procesos de toma de decisión, los documentos internos de ministerios y administraciones, ni los sueldos de los asesores de ministros y secretarios de Estado.

En cuanto al consejo de Transparencia que debe juzgar el comportamiento de los altos funcionarios, su independencia es discutible, según ella, pues su presidente viene nombrado por el ministro de Hacienda.

Además, añade, lo que será determinante no es tanto la ley sino la forma en que se aplique, y todavía no se ha publicado el reglamento de aplicación.

La corrupción se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles, por detrás del desempleo, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada el 4 de diciembre, mientras que los escándalos de corrupción se suceden y miles de imputados esperan a ser juzgados.