A finales de 2014 un histórico fallo le devolvió 50 mil hectáreas de tierra a los emberas katíos del Alto Andágueda en el departamento del Chocó, desplazados por la violencia y la bonanza de oro. Sin embargo, un año después la población siente que no hay garantías para retornar. Reclaman más atención en salud y servicios básicos.

Así lo indicó el Consejo Regional Indígena del Cauca, el cual explicó que el Tribunal Superior de Antioquia ordenó devolver a esta población 50 mil hectáreas de su territorio (un poco más del 50% del municipio de Bagadó). “La sentencia reconoce, por primera vez, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y les ordena a varias entidades públicas cumplir con órdenes que, a la fecha, no han avanzado como deberían”, indicó.

Añadió que la falta de articulación entre entidades locales y nacionales, la escasez de recursos, el clima inclemente, los complejos procesos de concertación con las autoridades indígenas y los problemas de orden público han impedido que los desplazados retornen a su hogar de manera digna y segura. “Muchos, por una fiebre del oro que estalló hace cerca de diez años tuvieron que desplazarse a centros urbanos, lo que ocasionó un proceso de desarraigo cultural y espiritual y la adquisición de nuevas prácticas de mendicidad, prostitución y drogadicción que, al regresar, empezaron a quebrar el tejido social de la comunidad”, advierte.

El número de desplazados, según el registro que tiene la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), es de 746 indígenas emberas katíos distribuidos entre Andes (203), Bogotá (257), Medellín (246), Ibagué (17), Pereira (10) y Armenia (13).

Según el contralor delegado para el sector agropecuario, Andrés Bernal, “existe un alto grado de incumplimiento institucional respecto a las órdenes de la sentencia, especialmente en temas de urgente necesidad como salud y saneamiento básico”.