Un documento de 10 puntos, en el que denuncian una serie de violaciones a los derechos humanos, entre otros, fue presentado por cerca de dos mil indígenas Awá, quienes además se expresaron dispuestos a mantener el bloqueo a la carretera que de Tumaco conduce a Pasto.

La protesta se lleva a cabo en el casco urbano del municipio de Ricaurte en el pie de monte costero de Nariño.

A parte de las violaciones a los derechos humanos, denuncian el incumplimiento desde 2008 de los Autos 004 y 074 que les reconoce derechos a través de la Constitución Nacional, como comunidad aborigen.

Tras el bloqueo que ya completa dos días se comienza a evidenciar la escasez de productos agrícolas y de la canasta familiar, debido a que los bloqueos mantienen incomunicados a diez municipios del departamento de Nariño.

El alcalde de Tumaco, Víctor Gallo, calificó como delicada la situación, debido a que el puerto nariñense se ve afectado una vez más con el abastecimiento de alimentos y combustibles como el GLP que ya comienzan a generar pérdidas económicas para las distintas cadenas productivas.

Entre tanto los dirigentes del movimiento de protesta dijeron que la misma obedece a la serie de asesinatos cometidos contra líderes y miembros de esa comunidad indígena, en la mayoría aún en la impunidad, así como al incumplimiento desde el gobierno nacional a varias promesas en materia de desarrollo agropecuario, minería y medio ambiente, salud, educación, infraestructura y derechos humanos, entre otros temas que son planteados en su queja.

Una comisión de la gobernación de Nariño se reunió con los manifestantes, quienes permitieron el paso momentáneo de más de 200 vehículos en su mayoría de carga que permanecían represados a lado y lado de la carretera.

Otro de los acuerdos pactados con los aborígenes del municipio de Ricaurte es el paso a las ambulancias que transporten pacientes entre la costa y la sierra, mientras que voceros de este movimiento de protesta indicaron que solo atenderán a funcionarios de alto nivel del gobierno nacional para poner fin a su manifestación una vez existan garantías de que se les cumplirán sus peticiones.