Aunque varios sectores celebraron la aprobación de la iniciativa que le quita el beneficio de la casa por cárcel a quienes se apropien del erario, hay polémica por un artículo que no habla de caducidad sino de cesión de contratos

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Se aprobó en las plenarias de Senado y Cámara el proyecto de ley que elimina el beneficio de casa por cárcel para los corruptos.

Pese a que la mayoría de sectores celebraron la ley, algunos indicaron que con esta se impediría que las empresas condenadas por corrupción sean castigadas de manera tajante, lo que permitiría que la llave que genera el desfalco público siga abierta.

El proyecto de ley que pasó en último debate solo tiene ocho artículos y su principal reforma busca que toda persona condenada por corrupción no pueda beneficiarse de la casa por cárcel.

Sin embargo, un parágrafo incluido en el artículo cuarto levantó la polémica. Allí se plantea que cuando la inhabilidad sobreviniente contemplada en la ley llegue “no procederá la renuncia del contrato a la que se refiere este artículo. La entidad estatal ordenará mediante acto administrativo motivado la cesión unilateral, sin lugar a indemnización alguna al contratista inhábil”.

Así mismo, indica que “para el caso de cesión, será la entidad contratante la encargada de determinar el cesionario del contrato, respetando las normas de la modalidad de selección de contratista correspondiente. En este caso la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, deberá expedir en un término de seis meses la reglamentación correspondiente para definir el procedimiento más efectivo en el marco de la cesión del contrato, contemplada en este Parágrafo según cada modalidad de selección de contratista”.

¿Caducidad o cesión?

El senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, sostuvo que “este es un ‘mico’ gigante. Con la excusa de quitar la casa por cárcel se metió un ‘mico’ muy lucrativo para los grandes contratistas corruptos. Aquí se dice que si existe una sanción por corrupción la entidad ordenará no decretar la caducidad, que es la sanción definitiva en la que hay una multa y se prohíbe la restitución, sino que se permitirá a la entidad ceder unilateralmente. Es decir, sentarse con el contratista, armar un negocio y entregarla a otra persona. Lo lógico sería que se ordenara al contratista pagar una indemnización, que es lo que ordena la caducidad”.

Así mismo indicó que “es un proyecto anticorrupción populista, que es duro con la pequeña corrupción, que es la omisión de agente retenedor, donde se quitaba la casa por cárcel, donde se endurecen las sanciones contra el que no paga IVA, pero no castiga la gran corrupción. El regalo para los grandes contratistas es que en vez de ordenarle a las entidades que ordenen la caducidad cuando se haya sancionado por corrupción a un contratista grande, se le ordena que ceda el contrato. Es decir: váyase para su casa que este contrato se cede. Y tome la restitución de lo que ya invirtió. Si hay caducidad se le dice al contratista: mire, usted por cometer un acto de corrupción no se le reconoce nada, se le inhabilita y además usted deberá indemnizar al Estado y tome su multa”.

Según Lara, a partir de este momento “es imposible aplicar la caducidad por actos de corrupción. Aquí se legisló pro-corrupción en un proyecto populista”. Lara además denunció que con esta ley serían sancionados los funcionarios públicos que participen en actos de corrupción, pero no quienes ejecutan los recursos, es decir los gerentes de las fiducias que son, en, últimas quienes realizan las obras.

“No ha entendido”

Ante esta denuncia la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sostuvo que el senador Lara “no ha entendido cuál es el proyecto. Aquí no se toca la caducidad. Está prevista en la Ley 80 y esta se da cuando hay un incumplimiento en el contrato, cuando se pone en riesgo la ejecución del mismo. Es decir, que paraliza la ejecución del contrato. Aquí estamos hablando de una nueva figura. Ante un hecho de corrupción, ese contratista corrupto no tiene derecho a ceder al contrato, sino que es la administración la que hace la cesión. Y además no tiene derecho a ninguna indemnización”.

Según Gutiérrez, este proyecto “es una herramienta de lucha anticorrupción tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Amplía también los castigos a los grupos económicos de las personas jurídicas que incurran en actos de corrupción. A ese grupo económico también se le extiende la inhabilidad”.

Sin embargo, tras el pronunciamiento, Lara volvió a arreciar las críticas: “Es sorprendente que la Ministra no conozca el texto de la ley que nos hizo aprobar. Debe ser por eso que trae tantos errores y es tan inconveniente para el país. Aquí hay un ‘mico’ notorio”.

Para Lara, “la caducidad impide que el Estado pague las restituciones, es decir las obras realizadas hasta el momento e impide que cobre indemnización. Si le ordena la cesión, se le hace un inmenso favor al contratista. Están engañando a la gente. Aquí se elimina la casa por cárcel para el pequeño contratista corrupto, para la pequeña corrupción. La grande que se ejecuta a través de fiducias, como pasó con los colegios, con Reficar, que son señores muy distinguidos, pero no se rigen por Ley 80, por régimen de transparencia, no se les quita la casa por cárcel”.

El reclamo de Lara creció a tal punto que una de las impulsoras de la iniciativa, la representante verde Juanita Goebertus, aceptó en sus redes sociales que el artículo se deberá estudiar a fondo en la conciliación.

Sin embargo, Lara sostuvo que el ‘mico’ que denunció no puede ser arreglado en la conciliación, pues “eso viene desde Cámara. Lo introdujo por error, por buena fe o por mala fe, no sé; pero eso viene desde la radicación del proyecto”.

Por último, sentenció: “Esa ley y varios artículos deben ser objetados por el Presidente por inconveniencia. Mire, con populismo punitivo no se logra nada, este proyecto está supremamente mal hecho, hay otro que va con eliminación de casa por cárcel, pero para la corrupción de verdad, no para la pequeña corrupción. Esto es un engañabobos”.