Las debilidades de un Estado | El Nuevo Siglo
Jueves, 26 de Diciembre de 2019
  • El doble asesinato en Santa Marta
  • Urge recuperar el control territorial

 

 

El Estado debe recuperar el control territorial de muchas zonas que hoy permanecen bajo el azote de guerrillas de viejo y nuevo cuño así como de las organizaciones criminales de distinta índole y estructura. Esa termina siendo la obvia conclusión tras un nuevo crimen que impacta al país: la muerte violenta de una pareja de recién casados que el fin de semana salió de Santa Marta con destino al sector del río Palomino y que, se sospecha, fue interceptada por elementos delincuenciales en el trayecto. Sus cuerpos fueron encontrados el lunes pasado en un sector montañoso del corregimiento de Buriticá, en zona rural de la capital del Magdalena. De esta forma terminó la infructuosa búsqueda que sus familiares y amigos, en conjunto con las autoridades, venían adelantando desde el momento en que se prendieron las alarmas sobre la posibilidad de que algo malo les hubiera ocurrido, según se derivó de una angustiante llamada  de la mujer a su padre, radicado en Chile.

Si bien el lunes las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos a quien diera información sobre los autores del doble asesinato y la primera hipótesis del crimen se dirigía a un posible robo, ya que no aparecieron el vehículo ni las pertenencias de la pareja, la forma extremadamente violenta en que fue ultimada genera incertidumbre sobre los verdaderos móviles de los criminales. Más aún porque en esa zona se ha desatado en los últimos tiempos, según las autoridades y otras instancias de investigación de conflicto armado, una lucha a muerte entre facciones de la organización delincuencial de “Los Pachenca” y del “Cartel del Golfo”, después de que el líder de los primeros fuera ultimado meses atrás. Esos enfrentamientos explicarían el aumento de asesinatos selectivos, balaceras y amenazas al por mayor en la región, no solo en esta zona del Magdalena sino incluso hasta La Guajira, todo en inmediaciones de la Sierra Nevada.

No es la primera vez que personas inocentes terminan asesinadas al ser confundidas o atacadas por grupos guerrilleros o bandas criminales de alto espectro. En varios departamentos se han reportado estos últimos años crímenes de este estilo, cobrando la vida de estudiantes, geólogos, trabajadores de empresas de servicios públicos, integrantes de comisiones de estudio de suelos, líderes sociales… Las pesquisas sobre muchos de esos asesinatos terminan llevando a las mismas conclusiones: los delincuentes confunden a las víctimas con posibles ‘infiltrados’ de las autoridades o de grupos criminales rivales. También se ha detectado que atacan a los extraños con el único fin de extorsionarlos o robarlos por haber entrado a sus ‘dominios’ sin permiso.

No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que el Estado ha fallado en recuperar el control territorial de muchas zonas, ya sean aquellas de las que salieron las facciones de las Farc que sí se desarmaron y desmovilizaron, como de otras en las que las bandas criminales, el Eln, grupos de narcotráfico, minería ilegal, contrabando y otros delitos, literalmente, ‘imperan’, teniendo a la población local azotada y sometida a un régimen de violencia indiscriminada. Muchos de los asustados pobladores de estas regiones guardan silencio por temor a represalias. Si bien tras algunos hechos de violencia la Policía y las Fuerzas Militares hacen presencia, a los pocos días los uniformados se retiran o su número se reduce en forma significativa, lo que da pie a que los grupos delincuenciales vuelvan a sus andadas.

Como lo comentamos en el editorial del lunes pasado, una de las bases del nuevo modelo de Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana se basa en que la Policía ejerza un control y presencia permanente en los sitios de mayor riesgo para la población. Ese es un objetivo que se ha puesto como premisa en anteriores remezones al accionar de la Fuerza Pública, sin que hasta el momento se haya cumplido de manera eficiente y constante. Ojalá en esta ocasión sea diferente.

La tragedia por el asesinato de la pareja de recién casados en zona rural de Santa Marta no puede quedar impune. Las autoridades tienen que esforzarse al máximo por encontrar a los autores materiales e intelectuales, con el fin de sentar un precedente ejemplarizante. Sin embargo, a ello debe sumarse que el Estado debe lanzarse, de una vez por todas, y revestido de toda la legitimidad institucional que lo rodea, a retomar el control territorial permanente, irreductible y eficaz de esta y muchas otras regiones que están en manos de los delincuentes, ya se trate de facciones organizadas o comunes. Mientras no lo haga, la batalla la seguirán ganado quienes actúan por fuera de la ley.