Colombia es un país de normas, y el tema ambiental no es la excepción; existen una gran cantidad de ellas derivadas de la Constitución del 91 y soportadas en la ley 99/93 o ley del Medio Ambiente, normas que no solo permiten a los alcaldes invertir en asuntos ambientales, sino que los obligan en algunos casos a realizar dichas inversiones.
A manera de ejemplo se puede mencionar que el 1% de los presupuestos municipales deben ser destinados, según lo estipulado en la ley, a la reforestación y protección de las fuentes hídricas que surten de agua al municipio; pero este conjunto de normas no ha sido suficiente.
El problema entonces no radica en las herramientas que brinda la ley sino más bien en el uso que a lo largo y ancho del país se hace de las mismas y en la manera como se toman las decisiones con respecto a dichas inversiones; lo que casi en todos los casos ocurre es que estas se toman por impulsos o simplemente por la necesidad de cumplir un requisito o ejecutar un presupuesto, pero muy pocas veces como consecuencia de una adecuada planeación que tenga fines definidos para el desarrollo ambiental del territorio y que por lo tanto favorezca nuestros entornos. En la mayoría de los municipios el presupuesto ambiental se dedica a una de dos actividades; a la educación o capacitación mediante campañas de divulgación de programas específicos o a la reforestación en diversas zonas del territorio municipal.
No es mi intención afirmar que estas inversiones son malas por sí mismas, pero lo que sí puedo afirmar es que son actividades inconexas en la mayoría de los casos y que no tienen un fin definido que permita visualizar una mejora consistente en el desarrollo ambiental del país; es decir, no obedecen a una planeación ambiental estructurada como tal.
Mi abuela solía decir; “al que no sabe para dónde va, cualquier tren le sirve”. Esa es en cierta forma la teoría que aplican las administraciones municipales para las inversiones en el aspecto ambiental. Es decir, hacen por cumplir pero sin una meta específica; lo importante, entonces, es un proceso serio de planificación que implique metas a largo plazo que sean realizables y útiles para la mejora del entorno de sus habitantes; procesos que obedezcan a parámetros predefinidos que garanticen eficiencia de la inversión de estos recursos y resultados permanentes en el tiempo; solo así se podrá intentar recuperar nuestro patrimonio ambiental, entendiendo como tal el patrimonio ecológico y cultural.
Para lograr esa planificación quizá el mejor de los métodos es el llamado “análisis brecha”, que permite elaborar el Plan Maestro Ambiental (PMA), que consiste en programar las actividades de hoy con la mira puesta en los resultados que se quisieran obtener mañana, y buscando desde el inicio resultados, no inmediatistas sino exitosos y durables en el tiempo.
Esta metodología consta de seis etapas básicas que pueden llevar a un adecuado diagnóstico de las necesidades reales del municipio, ellas son; etapa de diagnóstico, etapa de proyección, etapa de prospección, etapa de formulación, etapa de financiación y etapa de ejecución.
Podemos entonces colegir que el análisis brecha es un mecanismo que encierra varios aspectos fundamentales: obliga a contar con la comunidad y que al tener una fuerte participación comunitaria,; permite que los recursos se apliquen para el logro de metas generales y con resultados concretos; recoge la situación actual del municipio para poder establecer comparaciones permanentes que evidencien las mejoras; y, por último, generarán una adecuada recuperación de nuestro cada vez más deteriorado entorno.
Comenzando en menos de un mes las administraciones municipales, deberíamos propender para que esta planeación se incorpore en los planes de desarrollo del país.
@alvaro080255