Otra reforma judicial hundida

  • Lo que mal comienza, mal termina…
  • ¿Constituyente sectorial, única salida?

 

Una vez más se hundió en el Congreso un proyecto de reforma a la justicia. La iniciativa que fue presentada por el Gobierno en septiembre pasado terminó naufragando en medio de un confuso cruce de acusaciones entre el ministerio del ramo, el presidente de la Cámara de Representantes y la Comisión I de la misma corporación.

Más allá de esto último, que termina siendo un hecho anecdótico y menor, lo verdaderamente importante es constatar que, como en su momento se advirtió en estas columnas, la iniciativa estaba destinada a un difícil trámite, ya que si bien el Ejecutivo socializó sus alcances con las altas Cortes, no hubo un consenso amplio y detallado con estas alrededor de los objetivos estructurales del proyecto. Y tampoco se concretó un acuerdo político multipartidista con las distintas bancadas gobiernistas, independientes y de oposición que permitiera generar confluencia de voluntades para que el articulado saliera adelante en el escaso tiempo que restaba del primer tramo de la legislatura. Es decir, para que entre la segunda semana de septiembre y la tercera de diciembre pudiera surtir sus primeros cuatro debates y dejar para marzo del próximo año la segunda vuelta del acto legislativo.

La ausencia de esos dos frentes de consenso fue más que decisiva para determinar por qué se hundió el proyecto. De un lado, la semana pasada los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia hicieron un pronunciamiento conjunto, calificado por esas corporaciones como “sin antecedentes en la historia bicentenaria de las dos instituciones”, en el que pusieron sobre la mesa fuertes reparos al articulado que estaba para tercer debate en la Comisión I de la Cámara, en tanto que respaldaron algunos pocos de los cambios aprobados hasta esa instancia legislativa. Y, de otra parte, desde el mismo momento en que el proyecto empezó a ser discutido en el Senado, incluso desde la primera ponencia, se le introdujeron modificaciones de fondo en temas que el Ejecutivo consideraba sustanciales en el objetivo de aplicar una reingeniería a esta rama del poder público. Desde la academia y varios sectores nacionales se prendieron las alarmas por la cantidad de ajustes sobre la marcha al proyecto, creando el riesgo de terminar con una especie de colcha de retazos, sin ninguna coherencia funcional ni estructural para mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Es más, no faltó quien dijera que se iba rumbo a una especie de “Frankenstein” legislativo. Fue tal el riesgo de desnaturalización de la iniciativa  que, incluso, la semana pasada el propio Presidente de la República advirtió que si esta perdía su “esencia o coherencia” pediría al Congreso que no siguiera con su trámite “porque al país no le sirve eso".

¿Y ahora qué? El Gobierno ha prometido que volverá a radicar la iniciativa en marzo próximo porque es urgente aplicar una modificación de fondo al funcionamiento de la rama. De nuevo se escuchan en las altas Cortes voces a favor de buscar un consenso previo y de alto espectro sobre los objetivos y cambios que contendría esa nueva iniciativa. E incluso en el Congreso ayer distintas bancadas se mostraron dispuestas a construir un pacto político de alto vuelo para que en 2019, por fin, el Parlamento apruebe la reingeniería judicial…

Lo mismo se decía al comienzo el actual semestre y hoy ya la reforma, tras un accidentado trámite, está hundida. No faltan los que traen a colación el fiasco con una iniciativa similar en 2012, cuando en la instancia de conciliación se introdujeron ‘micos’ al proyecto aprobado, forzando al Presidente de la República de entonces a acudir a unas inéditas objeciones para hundir ese acto legislativo. O lo que pasó con la llamada reforma de “equilibrio de poderes” de 2015, esta sí aprobada por el Congreso pero a la que luego la Corte Constitucional le ‘tumbó’ gran parte del componente judicial por errores de forma y hasta sustitución de la Carta Política.

Visto todo ello, parecería sustentarse más la tesis de que el único camino viable, aunque extraordinario, para reformar la justicia sería una asamblea constituyente o asamblea constitucional, de temario limitado y objetivos preestablecidos e inviolables. Un país que urge un sistema judicial eficiente y transparente y un Estado que es consciente de las fallas estructurales de esta rama del poder público, no deberían seguir insistiendo por la vía del ajuste legislativo, puesto que ella ha mostrado ser tan improductiva como desgastante para la propia institucionalidad.