Duque celebra que narcotráfico ni secuestro sean amnistiables | El Nuevo Siglo
Martes, 18 de Diciembre de 2018
Redacción Nacional

En medio de las dificultades que ha vivido el paquete legislativo del Gobierno en el período que acaba de concluir, una de las iniciativas que sobrevivió en primera vuelta es el proyecto de reforma constitucional, el cual prohíbe que el secuestro y el narcotráfico sean considerados conexos con el delito político, y por lo tanto no podrá existir respecto de ellos amnistía o indulto.

El presidente Duque destacó este hecho y dijo que espera servirá para que el país rechace esta práctica.

El domingo “se dio un paso importante en el Congreso de la República para que el secuestro y el narcotráfico no sean considerados delitos conexos al delito político, mirando hacia adelante para que el país de una vez por todas rechace para siempre esa práctica”, sostuvo Duque.

Este proyecto fue una de las promesas de campaña del presidente Iván Duque y establece que, en ningún caso, los delitos de secuestro ni los relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes serán considerados como conexos a los delitos políticos y, por tanto, no serán amnistiables ni indultables.

No obstante, este proyecto de reforma constitucional sí es aprobado en segunda vuelta, a partir de marzo próximo, no afectaría a quienes hayan sido parte de Acuerdos de Paz suscritos con anterioridad.

En este punto será la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) la que determine en cada caso si hay relación de los delitos de secuestro y narcotráfico que cometieron desmovilizados de las Farc que se presentaron ante esta instancia con la lucha armada, y dependiendo de ello si son amnistiables, indultables o no.

La reforma aprobada por Senado y Cámara en sus primeros cuatro debates modifica el Artículo 150 de la Constitución, que en su numeral 17  habla acerca de las funciones del Congreso: “Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar”.

Lo que hace la iniciativa es agregar un inciso al numeral 17 del Artículo 150, con el cual quedará: “En ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos, amnistía o indulto”.

 

El Eln

Uno de los puntos de discusión que ha generado esta iniciativa de reforma constitucional es el efecto que tendría en una eventual negociación del gobierno Duque con el Eln, grupo que ha utilizado el secuestro extorsivo como una de sus principales fuentes de financiación.

El senador Roy Barreras (Partido de la U) dijo ayer que “el mensaje que no quiero que quede en el aire es que esta decisión va a afectar la negociación con el Eln. Los colombianos estamos esperando una buena noticia, estamos esperando una decisión que implique un paso adelante en el camino de la paz con el Eln, ojalá en las próximas horas”.

Por su parte el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde) dijo que “una organización ilegal obviamente no se financia con fuentes legales, sino con fuentes ilegales y una de esas fuentes es el narcotráfico o actividades relacionadas a él. (...) Imagino que el Comisionado de Paz va a quedar sin oficio con esta decisión porque todavía estamos esperando que el Gobierno nos entregue una evaluación de las negociaciones con el Eln”.

Mientras que la senadora del partido Farc, Victoria Sandino, señaló que con el proyecto “lo que se busca es negar la posibilidad de que se establezca una paz con un grupo insurgente, que ha iniciado unos diálogos y que aspiramos que esta confrontación termine algún día. Lo sorprendente es que el Congreso pretende cercenar esa posibilidad”