La eliminación del delito de sedición que propone el gobierno de Pedro Sánchez, argumentando que es anticuado y que acercaría las leyes españolas a las europeas, solivianta a una derecha que lo considera un regalo a los independentistas catalanes a cambio de su apoyo parlamentario.
El Congreso de los Diputados aprobó en la madrugada de ayer por una holgada mayoría (187 votos a favor, 155 en contra y seis abstenciones) reformar la ley en este punto, abriendo el periodo para hacer efectiva la supresión del delito, algo que debería suceder antes de finales de año, según las estimaciones de medios españoles.
La formación de extrema derecha Vox ha convocado una gran manifestación en Madrid y en otras provincias el domingo, mientras que el conservador Partido Popular (PP), primera formación de la oposición, hará mítines por todo el país en las próximas semanas para expresar su rechazo.
La derecha argumenta que la supresión del delito, por el que se condenó a penas de 9 a 13 años a la mayoría de los 12 dirigentes castigados por la intentona independentista catalana de 2017, posteriormente indultados, allanará el camino para que otra tentativa similar en el futuro quede sin castigar.
"¡Lo bien que estará Cataluña para los que quieran realizar otro golpe!", lanzó en el Congreso Edurne Uriarte, diputada del PP.
El gobierno del socialista Pedro Sánchez responde que los problemas para conseguir la extradición de los dirigentes catalanes que se fugaron al extranjero, como el expresidente regional Carles Puigdemont, se debe a que las legislaciones europeas no contemplan ese delito, y propone sustituirlo por uno de "desórdenes públicos agravados".
Este delito "será como el que ya tienen las principales democracias europeas con las que nos queremos identificar", argumentó Sánchez.
"Los delitos que se cometieron en el año 2017 son delitos que continúan estando presentes en nuestro código penal" tras la reforma, aclaró Sánchez en una entrevista con la televisión LaSexta.
De hecho, el propio Puigdemont expresó su recelo ante este cambio, y dijo que los independentistas que lo celebran "no han aprendido nada de estos últimos cinco años".
El nuevo delito contempla una pena máxima de cinco años de cárcel, frente a los 15 actuales.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, invitó a Sánchez a "aclarar si va a reformar el delito de sedición y si protegerá la democracia española o solo pretende sobrevivir", reprochándole implícitamente que esté pagando a los independentistas catalanes su apoyo en el Congreso.
"El PP es claro: agravaremos las penas de sedición y rebelión, los tipificaremos de forma clara y será delito la convocatoria de un referéndum ilegal", añadió Feijóo.
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El PP consiguió que la votación de la noche del jueves al viernes se hiciera de viva voz, un procedimiento inusual en el que cada diputado tiene que dar su voto en voz alta, para que los socialistas más reacios a la medida quedaran retratados ante su electorado.
El código penal español dice que son culpables de sedición quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes".
El delito se ha ido manteniendo a lo largo de las sucesivas reformas del código penal hasta la última, en 1995, pero sus detractores sostienen que pertenece al tiempo en que se sucedían en España los alzamientos militares, en el siglo XIX.
Su reemplazo por un delito de "desórdenes públicos graves" no acaba de tranquilizar a una parte de la izquierda que cree podría aplicarse a las manifestaciones./AFP