- La seguridad como propósito nacional
- Tareas del nuevo titular de la Defensa
La renuncia ayer de Guillermo Botero al Ministerio de Defensa, presentada al presidente Iván Duque a raíz de la moción de censura próxima a votarse en el Senado por la mayoría de las bancadas parlamentarias, pone de presente la necesidad de ajustar la política de seguridad y orden público.
Hasta el momento, como lo dijo el Ministro en su carta de dimisión, es importante lo que se ha avanzado en la erradicación de los cultivos ilícitos, tras haber llegado el fenómeno a la cifra escandalosa de 210 mil hectáreas sembradas en matas de coca. En eso el funcionario saliente logró un viraje sustancial y abrir una ruta que es indispensable seguir a fin de dominar la expansión del microtráfico en las ciudades colombianas y combatir el gigantesco incremento de la comercialización internacional del alcaloide. Hay que vigorizar, asimismo, la protección a los líderes sociales, sometidos al fuego cruzado entre los grupos criminales interesados en mantener y ampliar los corredores estratégicos del narcotráfico.
Indispensable, por supuesto, que las Fuerzas Armadas y de Policía se atengan estrictamente a las cláusulas obligatorias del Derecho Internacional Humanitario (DIH), incorporadas en la Constitución nacional como elemento insoslayable del devenir de la Fuerza Pública. La dramática noticia, dada en la plenaria del Senado en el debate con el que se inició la moción de censura, según la cual habrían muerto ocho menores en el bombardeo al disidente de las Farc, alias ‘Cucho’, el 29 de agosto pasado, y de lo que no tenía información la opinión pública, removió ciertamente los cimientos del país.
Desde luego, la culpabilidad de semejantes circunstancias escabrosas radica esencialmente en los grupos criminales que reclutan a los menores de 15 años dentro de sus contingentes delictuales y se escudan en ellos para impedir la acción legítima del Estado. Pero igualmente existe una responsabilidad política, como dejó entrever el Ministro dimitente, frente al uso de la Inteligencia Militar con el objeto de que la estrategia criminal de reclutar y armar a menores, por parte de los facinerosos, que por lo demás no tienen ningún tipo de beligerancia por cuanto no hay conflicto armado interno, sea neutralizada de la mejor manera posible y no lleve en modo alguno al desgaste institucional.
Como se sabe, el término “menores” dentro de los cánones del DIH corresponde a personas cuya edad sea inferior a los 15 años. En todo caso, la plenaria del Senado fue sorprendida con el informe dado por el congresista Roy Barreras, en el sentido de que se pudo constatar, luego del operativo, la presencia de los restos de una niña de 12 años, sin saberse tampoco si estaba armada.
Del mismo modo, las contradictorias circunstancias que han rodeado el asesinato del exguerrillero ‘Dimar Torres’ así como la de ‘Flower Trompeta’, explicadas por el mismo senador Barreras, no favorecen a las debidas acciones institucionales.
Por estas situaciones hizo bien el ahora exministro Botero en hacerse a un lado y dejar en libertad al presidente Duque para el nombramiento de un nuevo titular de Defensa. Como se sabe, los funcionarios de este nivel están sujetos a control político y es común decir que deben dejar sus cargos con miras a darle margen de acción al Primer Mandatario. En este caso, aunque no se llegó a votar la moción de censura, resulta evidente que el Ministro había perdido una parte sustancial del apoyo en el hemiciclo parlamentario, al anunciar las diferentes bancadas que votarían en su contra. No se estrenó, pues, en sí misma, la moción de censura en la votación correspondiente, pero todavía es motivo de debate entre expertos si aquella figura en todo caso debe llevarse a cabo el miércoles venidero, pese a la dimisión ministerial.
De otra parte, es claro que en las recientes elecciones regionales y locales el clamor popular, durante la campaña, fue, en todos los sondeos, la necesidad de dar una respuesta eficaz al problema de la inseguridad urbana y rural. En ese sentido, el nuevo ministro o ministra de Defensa debe abocar integralmente esa dificultad por la que atraviesan varios territorios del país, caso específico del Cauca, y generar al mismo tiempo una política de seguridad ciudadana en concordancia con los nuevos alcaldes y los mandatarios departamentales.
El norte primordial del presidente Duque ha sido el de la legalidad como consigna gubernamental. En ese orden de ideas, esa debe ser la premisa que marque la ruta del nuevo titular de la cartera de Defensa. No debe responder su designación, seguramente, a ningún pacto político pero sí a una persona que pueda convocar las diferentes expresiones partidistas en el propósito nacional de recuperar el orden público y neutralizar la amenaza terrorista dejada por la división de las antiguas Farc, los carteles mexicanos con violento pie en Colombia, las fuerzas guerrilleras no desmovilizadas y las manifestaciones delincuenciales de toda laya. Tampoco es menester “graduar” de enemigos políticos a los partidos que acompañaron la moción. Lo que importa es no cejar en el empeño de amparar la vida, integridad y bienes de todos los colombianos, así como de salvaguardar los derechos y deberes contra los agresores de la concordia y el bien común.