- Avanza la fase IV del nuevo Sisben
- Informe de FMI sobre energía y combustibles
Una de las discusiones más importantes en Colombia en los últimos años ha girado, sin duda alguna, en cómo alcanzar una mejor focalización de los subsidios directos o indirectos que canaliza el Estado a los sectores con mayor nivel de necesidades básicas insatisfechas.
No es un tema menor si se tiene en cuenta que un poco menos del treinta por ciento del Presupuesto General de la Nación de cada año se destina a los aportes de la Nación para financiar el sistema de salud, educación, vivienda, primera infancia, servicios públicos (acueductos, alcantarillado y aseo), energía, pensiones y otros rubros. Estos “subsidios sociales” tienen como principal objetivo la reducción de la exclusión y la inequidad. Sin embargo, es evidente que muchas de estas ayudas estatales no están cumpliendo con su propósito e incluso existe una distorsión en la medida en que hogares con un alto o mediano nivel de ingreso o estrato socio-económico terminan recibiéndolas, quitándoles el cupo a centenares de miles de personas que sí los requieren realmente. Ello impide, entonces, que se consolide el elemento de progresividad que es trascendental en dicha estructura asistencial.
Por lo mismo desde el año pasado se viene trabajando -en un proceso que está por terminar- en la IV fase de las encuestas del Sisbén, que es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. En este, a través de un puntaje, se clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas y ello permite focalizar la inversión social a las familias y personas más necesitadas.
Uno de los temas más complejos es el que tiene que ver con los subsidios a los precios de la energía. Es más, esta semana el Fondo Monetario Internacional presentó un informe técnico al respecto. De acuerdo con el ente multilateral, la modificación de los subsidios a la energía es un pilar clave del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque. Incluso señala que los crecientes desafíos fiscales en Colombia -exacerbados por los costos del ajuste vinculados con los importantes flujos migratorios recibidos recientemente desde Venezuela- amenazan con descarrilar el compromiso del Ejecutivo con el cumplimiento de la meta de déficit general (del 2,4% para 2019) y la meta de déficit estructural fijada para 2022, en el contexto de la Regla Fiscal vigente.
Las cifras que están en juego son muy altas, ya que según el informe técnico del FMI se estima que el costo fiscal de los subsidios a los combustibles fue de aproximadamente el 0,35% del PIB en 2018. En lo hace a los subsidios a la electricidad, ese indicador es de 0,3%. De acuerdo con el informe técnico, las reformas presentadas plantean una eliminación gradual de los subsidios a los combustibles y, en el caso de la electricidad, una mejora de la focalización en el mediano plazo.
Tras analizar toda la estructura e impacto de estos subsidios, la misión del FMI identificó opciones de reforma para reducirlos. Por ejemplo, en el sector de los combustibles se plantea la necesidad de despolitizar el sistema de fijación de precios así como usar el promedio ponderado de los precios de paridad de exportación y de paridad de importación en el sistema de fijación de precios de la gasolina y del diésel. También se recomienda reducir las disparidades actuales en la estructura de precios de los productos de combustibles entre las regiones fronterizas y las no fronterizas. Por último se pone sobre la mesa la idea de adoptar un sistema de banda de precios, de 3% a 5%, que suavice los precios minoristas de los combustibles directamente en el surtidor.
En cuanto a los subsidios al sector de la electricidad, el FMI plantea la posibilidad de auditar la distribución y las declaraciones de contribuciones de los minoristas a fin de garantizar que corresponden a los registros de estratos municipales. También se considera viable simplificar el proceso regulatorio del mecanismo de fijación de tarifas otorgando al Comité Ejecutivo de la CREG una función de consulta. De igual manera se pide complementar el mecanismo de focalización actual basado en el sistema de estratos con el uso de un puntaje socioeconómico, con el fin de proteger a los hogares pobres. Y, finalmente, se recomienda pasar a un sistema de focalización que responda únicamente al puntaje socioeconómico (Sisbén IV) y, luego, gradualmente, a un sistema de transferencias de efectivo designadas para el consumo eléctrico.
Es claro que el análisis técnico hecho por la misión del Fondo debe servir para avanzar en las reformas prometidas por el Gobierno, siempre y cuando se enmarquen dentro de los criterios de equidad y legalidad en que fueron contempladas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, que las ayudas se focalicen en los hogares y personas con más alto nivel de vulnerabilidad, de forma tal que los recursos oficiales no terminen llegando a franjas poblacionales que no las necesitan. Ese es el gran reto.