¿Cuál es el proyecto de reforma electoral que necesita el país? | El Nuevo Siglo
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Domingo, 3 de Noviembre de 2019
Redacción Política
Los comicios regionales dejaron nuevamente en el tintero la necesidad de hacer cambios clave en las normas que rigen la participación ciudadana en las convocatorias a las urnas. Por ahora el único proyecto que busca hacer ajustes completos es el que va a presentar la Registraduría
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Tras las elecciones regionales del pasado fin de semana los vicios del sistema electoral colombiano quedaron nuevamente sobre la mesa.

Mucho se ha dicho de lo que necesita reformar el país en esta materia. Sin embargo, hasta ahora ese ajuste normativo se ha quedado en intenciones y el sistema se sigue quedando corto frente a los retos que implica escoger gobernantes en Colombia. Cabe anotar que el actual código electoral es una norma anterior a la Constitución de 1991. La Registraduría dio a conocer el proyecto que presentará pero aún no hay fecha para su radicación.

1. Voto obligatorio

Quienes promueven esta alternativa aspiran a superar la abstención en Colombia, que en muchas ocasiones es superior al 60%, aunque es una herramienta poco confiable. Según la Registraduría, “Colombia no tiene tradición de voto obligatorio y en cambio ha desarrollado un sistema de estímulos para que los sufragantes que voluntariamente concurren a las urnas reciban incentivos por ejercer su derecho al sufragio. Los países con voto obligatorio imponen sanciones a quienes no votan, pero en algunos casos éstas resultan difíciles de hacerse efectivas por la cantidad de ciudadanos que dejan de acudir a las urnas”.

Según el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), “en Venezuela donde, con obligatoriedad del voto en el sistema anterior, se produjo en las elecciones de diciembre de 1993 una abstención sin precedentes de más de 60% (…) Paraguay, con voto obligatorio, casi duplica el porcentaje de abstención entre 1998 y 2003, al pasar de poco más de 19% a casi 36%”.

2. Lista cerrada

El Gobierno nacional ha insistido desde agosto de 2018 en que la lista cerrada se implemente como un mecanismo para que los elegidos a corporaciones públicas se circunscriban con sus partidos y sus ideas y no compitan entre ellos para llegar a un cargo de elección popular. De hecho, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le dijo a EL NUEVO SIGLO que el Ejecutivo insistirá en el proyecto para acabar con la lista abierta y advirtió que el actual sistema genera una “falta de coherencia ideológica de los partidos y de listas cerradas, y de candidatos propios (…) no hay una identidad clara de los partidos políticos”.

El Congreso, a principio de legislatura decidió hundir el proyecto, pues la lista cerrada, columna vertebral de la iniciativa, había sido removida el año pasado. Sin embargo, considera que es una reforma necesaria. Según Gutiérrez, “la lista cerrada es la única forma de acabar con tanto vicio y la violación de los topes electorales”. La Ministra citó un informe de la Fiscalía, según el cual con ocasión de las elecciones de Congreso “se iniciaron más de 500 investigaciones, pero solo hay dos condenas porque toda la parte del control y vigilancia de los delitos electorales se hace cada vez más difícil”.

3. Horario de votación

Las elecciones en Colombia se realizan desde las 8 de la mañana y hasta las cuatro de la tarde. La razón principal es que en muchos municipios no se podía garantizar el fluido eléctrico más allá de las 6 de la tarde por lo que los jurados de votación local se veían en ‘calzas prietas’ en caso de que cayera la noche. Sin embargo, el proyecto de nuevo código electoral propone ampliar el cierre electoral hasta las 5 de la tarde.

4. Candidatos por firmas

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha criticado ampliamente el crecimiento de los llamados grupos significativos de ciudadanos que, a su juicio, “no tienen unas reglas claras”. Una de las críticas está en que estos grupos terminan avalados por partidos políticos. Además, la MOE ha dicho que no hay un control de la financiación de estos grupos que empiezan a hacer campaña durante la recolección de firmas.

Según cifras de la MOE, para estas elecciones se registraron 1.253 grupos, de los cuales 590 (47%) presentaron firmas. De estos 476 (38%) fueron aprobados. Las cifras indican que 278 grupos inscribieron 2.426 candidatos (2%). Otros 130 grupos inscribieron candidatos en coalición con partidos políticos y 68 que recogieron firmas no se presentaron.

“El abuso del mecanismo de recolección de firmas y la falta de controles a los cuales deben someterse, reduce la responsabilidad política de los precandidatos pero también de los partidos que eventualmente los terminen avalando y que sacarán beneficio del éxito que logren quienes ya han iniciado campaña. Además preocupa que la ausencia de una autoridad que gobierne esta etapa del proceso electoral, ha quedado en evidencia con el hecho que desde ya funcionarios públicos estén siendo denunciados e investigados por presunta participación en política a través del proceso de recolección de firmas”, aseguró Alejandra Barrios, directora de la MOE.

La ministra Gutiérrez también ha criticado este mecanismo. Según dijo, cuando los candidatos no participan  por una colectividad y lo hacen de forma independiente, por firmas o coaliciones, “buscan sus propias fuentes de financiación y las campañas son más vulnerables a la corrupción y al ingreso de dineros ilícitos”.

5. Financiación

Una de las críticas recurrentes sobre el sistema de elección en Colombia es la financiación. Según la MOE, “la falta de información sobre la financiación política de más del 80% de las campañas electorales en el país, imposibilita el seguimiento a los ingresos y gastos de las candidaturas, dando pie a una falta de control y un gran flujo de dinero destinado a la compra de votos”.

Por otro lado, Transparencia por Colombia ha advertido que en estas elecciones se repitió el patrón pasado de financiación, en el que se depende “altamente de fuentes privadas para financiar campañas, en particular mediante aportes del patrimonio de los candidatos y sus familiares (58%), así como los aportes de personas naturales y jurídicas (26%), representando más de la mitad de los ingresos”.

Según Transparencia, los principales gastos de campaña son propaganda electoral y administración de las mismas. En esta última se incluyen el pago de arriendo de sedes y salarios del equipo de campañas, así como la inversión en materiales y publicaciones.

ENs

Algunos opinan que el sistema de financiación de los candidatos debe cambiarse a uno prevalentemente público en el que el Estado financie la mayoría de las campañas para que todos los candidatos puedan participar de la misma forma. Sin embargo, la situación económica del país no daría para un rubro del que dependería la democracia. Por otro lado, se han propuesto medidas de financiación mixta que podrían solucionar el problema siempre y cuando se les coloque a las campañas un máximo de recursos que puedan recibir por parte de los privados y familiares.

6. Trashumancia

El trasteo de votos parece ser una práctica recurrente en las elecciones. En términos sencillos implica que una persona que no vive en un municipio se desplaza a otro para votar y favorecer a un candidato a cambio de una dádiva. En este año el Consejo Nacional Electoral anuló un poco más de 1 millón de cédulas por presunta trashumancia.

Pese a que la anulación de inscripción de cédulas es una práctica que debe adelantar el Estado, la MOE indica que los tiempos para modificar el censo electoral (la lista de personas habilitadas para votar) son muy cortos obligando a que incluso después de elecciones, como sucedió en 2015 (y se repitió este año), los recursos se resuelvan después de las elecciones cuando ya la persona implicada se quedó sin poder votar.

Un proyecto de nuevo código electoral reduce el plazo de inscripción de cédulas hasta tres meses antes de la elección. Actualmente el censo de cédulas inscritas se cierra dos meses antes de la elección, dándole un mes más a la organización electoral para configurar el censo.

7. Coaliciones

Para estos comicios se presentaron 3.142 coaliciones que avalaron a 5.592 candidatos. La idea de las coaliciones es que los ciudadanos entiendan de manera clara y transparente por qué se hacen y cuáles son las ideas que defienden los partidos que se agolparon alrededor de un candidato. El peligro de estas alianzas es que terminen desdibujando la responsabilidad que tienen los partidos al avalar a un candidato.

Según la MOE, la mayoría de coaliciones “son el resultado de alianzas hechas con el único fin de fortalecerse en las elecciones y poder acceder al poder. Adicionalmente, con las coaliciones no hay claridad sobre cuál es la responsabilidad política de los partidos que avalan a los candidatos si estos incurren en faltas disciplinarias o prácticas delictivas”.

El proyecto de nuevo código electoral intenta definir las coaliciones y regularlas en materia de consultas y financiación.

8. Participación política de funcionarios públicos

Durante este proceso electoral una de las quejas más recurrentes fue la participación política de los funcionarios públicos una falta grave que está sancionada por la ley. Al cierre de la jornada electoral el Ministerio del Interior informó que de las 5.880 quejas de presuntos delitos electorales el 12,41% correspondieron a intervención en política de funcionarios públicos.

Según la MOE, cada cuatro años se presenta este fenómeno que busca “mantener los aparatos burocráticos que se dan en cada uno de los municipios, desde las entidades del Estado y desde las administraciones municipales. Entonces para favorecer una campaña se usan figuras importantes al interior del municipio, como el Alcalde, secretarios para que hagan proselitismo a favor de un candidato y así disponer de recursos de la administración para favorecerlo. Así mismo, una de las conductas más recurrentes es que se presiona a los subalternos y a los particulares para que voten o para que apoyen una determinada candidatura”.

Esta práctica que en este momento se encuentra prohibida debe ser regulada para definir concretamente qué funcionarios pueden participar en política y qué otros no lo pueden hacer.

9. Edad para votar

En Colombia pueden votar los mayores de 18 años, es decir todo adulto que ya sea considerado mayor de edad. En julio de 2018 una reforma política pretendía darle el derecho de sufragar a los mayores de 16 años, sin embargo, esta iniciativa no tuvo respaldo en el Legislativo. Desde ese momento la propuesta no se ha vuelto a tocar.

10. Encuestas

Es evidente que las encuestas necesitan ser reguladas y actualizadas al siglo XXI. Sin embargo, la iniciativa de la Registraduría no lo contempla. Algunos directores de reconocidas encuestadoras como César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, asegura que en Colombia debe “cambiar la conversación sobre las encuestas. Las encuestas no pueden predecir el futuro. Ningún instrumento humano puede predecir el futuro”.

Agregó que “las encuestas lo que tienen que hacer es alimentar el debate público y creo que esta vez lo hicieron. Segundo, tienen que alertar que hay nuevos fenómenos que están ocurriendo. Se habló del voto en blanco, de los indecisos. Nosotros dijimos que el 8% de la gente se iba a decidir en el momento de estar frente a la urna y el 14% el último fin de semana, una gran cantidad de gente”, expuso. Sin embargo, ante el desfase de los resultados con las encuestas muchos han propuesto regularlas para que entreguen datos más exactos y no definan la intención de voto de algunos indecisos.

11. Elección de magistrados del CNE

La MOE ha advertido en múltiples ocasiones que la garantía de la transparencia del proceso electoral depende de que Colombia tenga una autoridad electoral fuerte y libre de los partidos políticos.

“Se pueden aprobar todas las reformas al sistema de partidos que quieran, pero si no se modifica el origen y carácter de la autoridad electoral (es decir, si no se hace una reforma de fondo a la arquitectura electoral), persistirán y se profundizarán las actuales debilidades del sistema. Se requiere una autoridad electoral independiente de los partidos políticos, para que de esta manera se pueda brindar garantías a todos por igual, con presencia territorial y capacidad real de gobierno de las elecciones, así como la fortaleza técnica para investigar y la probidad necesaria para administrar justicia”, dijo Barrios.

12. Voto electrónico

Pese a que se han buscado distintas alternativas para instalar el voto electrónico en Colombia esto no ha sido posible. Primero porque aún hace falta infraestructura y segundo porque se tienen que instalar mecanismos que garanticen la transparencia del proceso electoral.

Sin embargo, el registrador Alexander Vega, que asumirá el cargo en diciembre, sostuvo que “si tenemos la voluntad del Ejecutivo en el tema presupuestal, las tecnologías ya están dadas en el mundo, así que no es cuestión de improvisar. La idea es aplicar la biometría en la mesa y buscar un voto electrónico adecuado. Con una salvedad: no se puede aplicar el voto electrónico de manera total, toca hacer las pruebas piloto. Aspiramos que en las elecciones del 2022 unas ciudades intermedias tengan implementado el voto electrónico”.

La nueva reforma contempla el voto electrónico, como voto automatizado, y no da una fecha exacta para su implementación.