- Reforma tributaria, nuevo escenario
- Congreso como catalizador de la concertación
El paquete de cuatro medidas sociales enviado ayer por el presidente Duque al Congreso de la República, a fin de ser incorporado en la reforma tributaria que se comenzará a discutir en estos días, una vez esté lista la ponencia principal, es una señal de que su contenido se convertirá muy seguramente en el instrumento y la materia donde se puedan aterrizar las actuales demandas ciudadanas producto del paro y las marchas de estos días. Al menos esto es lo que se puede deducir de la actitud gubernamental y, si esto es así, también deberá dar la Administración por descontado que, abierta de antemano esa ruta, muy posiblemente entrarán a debate no solo sus propuestas, sino que la corporación legislativa deberá también incluir, tanto las ideas de los diferentes partidos políticos, como de las bancadas que actúen de vasos comunicantes con los estamentos sociales y los voceros de las manifestaciones.
En esa vía, la noción de hace solo unas semanas, pues, de que la reforma tributaria era intangible e inmodificable sería hoy, por supuesto, una idea por completo incongruente con los tiempos en curso. De allí que la presencia de los voceros del paro en el Congreso pueda señalar un punto de importancia, todavía más si se entiende que desde ayer el diálogo con el Gobierno fue levantado por las centrales obreras con base en diferentes razones. No es bueno, desde luego, que esto ocurra, puesto que la concertación solo podría avanzar y perfeccionase una vez se va buscando un punto de encuentro y se van dando salidas formales a los acuerdos conseguidos en el transcurso de las conversaciones. Para ello hubiera sido menester, en primer lugar, establecer de inmediato unas reglas mínimas de juego entre las partes para que pudieran saber por anticipado a qué atenerse y sacar avante el diálogo útil que los interlocutores dicen pretender.
El tema de los procedimientos parecería, en principio, asunto secundario. Pero no lo es, mucho menos cuando no es posible llegar al fondo de la discusión si no media, previamente, un escenario adecuado en ese propósito.
Al mismo tiempo, no parecería probable adelantar el proyecto de reforma tributaria sin audiencias públicas, puesto que el Congreso, como el Ejecutivo, también debe estar presto a escuchar e incluso a dialogar con todos, de hecho, en consonancia al camino que se señaló desde el mismo día del paro el jueves pasado. Desde luego, el Parlamento es una rama autónoma del poder público, cuya función nace precisamente de la representación de los anhelos populares. Pero, básicamente, lo que en el fondo ha cambiado en la llamada posmodernidad es la aceleración del tiempo y en esa dirección el Parlamento aparentemente pasará a actuar en vivo y en directo, con la calle a bordo. Tendrán, entonces, las mesas directivas de Senado y Cámara, que no solo entender esta premisa, sino igualmente comprender que las mociones serán públicas y que se dará un debate de amplio espectro, que podría desbordar la misma órbita de la reforma tributaria, como ya lo hizo el Gobierno, delegando en buena medida la concertación a lo que pueda salir del Legislativo.
Obviamente no es viable, según el reglamento interno, que se apruebe ninguna legislación que conlleve elementos presupuestales y fiscales y no tenga el aval gubernamental. Pero, en todo caso, los puntos a tocar serán muchos de los que comportan en buena medida el Estado Social de Derecho. Hoy en día parece claro que se ha perdido todo margen político para una reforma pensional o laboral como la que venía presupuestando el Gobierno. Pero al mismo tiempo temas a tener en cuenta en el debate y las audiencias serán los 75 billones de pesos en subsidios que configuran el 30 por ciento del presupuesto nacional, sin la focalización debida; las regalías congeladas y sin uso, por más de 15 billones de pesos; las exenciones tributarias, por al menos 20 billones de pesos para algunos sectores específicos; la superación de las metas en el recaudo tributario; el incremento inusitado de las remesas; los regímenes pensionales especiales; la financiación de la educación pública; la voluminosa deuda del Gobierno con los prestadores de salud; y elementos adicionales que si bien han venido discutiéndose tendrán ahora una publicidad y un cubrimiento de mucho mayor envergadura.
En principio, el nuevo paquete de medidas concertado por la administración Duque con los ponentes de la reforma apunta a la idea gubernamental de profundizar la agenda social. Algunos podrían pensar, sin embargo, que es solo el abrebocas, una vez pasado el balón al Congreso.